En medio del mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, relacionado con el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la actuación de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha sido puesta en duda.
Un documento reservado conocido por el medio Semana contradice declaraciones oficiales realizadas por la fiscal Camargo, que afirmó que su despacho no tiene injerencia en la aprobación de principios de oportunidad en casos de este tipo.
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Según el documento, la última decisión de otorgar el principio de oportunidad a Sandra Ortiz, testigo clave en este caso, depende directamente de la autorización de la fiscal general, lo que pone en entredicho su versión pública.
El pasado 13 de mayo, la fiscal Camargo señaló en un documento oficial que, durante las investigaciones, los fiscales “cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de su función”. También agregó que se había delegado esta responsabilidad a fiscales asignados ante la Corte Suprema.
Sin embargo, según detalla el medio mencionado, un día después, el 14 de mayo, un texto firmado por los fiscales encargados del caso destacó que el principio de oportunidad solicitado por Sandra Ortiz “está pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”.
De acuerdo con este documento, “solo la autorización de Camargo puede destrabar esta negociación clave”, lo que refuerza las sospechas de que habría incurrido en una falsedad al negar su rol en estas decisiones.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, figura como pieza esencial para esclarecer el caso de corrupción. En marzo, entregó una matriz de colaboración a la Fiscalía en la que se comprometió a proporcionar pruebas que involucrarían al exdirector del Dapre Carlos Ramón González, al exsecretario jurídico Vladimir Fernández y al expresidente del Senado Iván Name.
Aunque en un principio los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval mostraron interés por sus declaraciones, su colaboración ha quedado en suspenso. Según expresaron lo documentos obtenidos por Semana, “Sandra Ortiz denunció anteriormente el uso de supuestos fondos corruptos para la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional”, afirmación que conecta los 3.000 ∫millones de pesos entregados por Ortiz a Name con la facilitación de esa elección y el apoyo a reformas legislativas clave para el Gobierno Petro.
Según Semana, otro documento interno evidencia que la negativa de avanzar con las solicitudes de Ortiz proviene de su despacho.
En una resolución firmada también el 14 de mayo, se señaló que los fiscales no tomaron medidas porque “el principio de oportunidad seguía pendiente de autorización por parte de la fiscal general”. Paralelamente, Ortiz no ha sido incluida en el programa de protección a testigos, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre un posible aislamiento a sus declaraciones.
El proceso enfrenta no solo trabas administrativas sino también señalamientos legales. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, acusó formalmente a Luz Adriana Camargo ante la Corte Suprema de Justicia.
Bustos sostiene que las decisiones de no avanzar en el principio de oportunidad y en las investigaciones correspondientes son atribuibles directamente a la fiscal general.
Por ese motivo, la defensa de Ortiz ha pedido la designación de un fiscal ad hoc. En respuesta a los cuestionamientos, la fiscal Camargo defendió públicamente los lineamientos de su administración, basados en la descentralización de las decisiones sobre principios de oportunidad. No obstante, fuentes internas, citadas por Semana, indican que “los fiscales no gozan de la independencia prometida y que, en la práctica, dependen de la autorización directa de Camargo para proceder en casos estratégicos”.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han manifestado su descontento con la gestión de Camargo, cuyos vínculos con figuras clave del caso, como Vladimir Fernández, aumentan la presión sobre su actuación en estos procesos.
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, proporcionó declaraciones contra altos funcionarios y congresistas relacionados con el caso.
A pesar de ello, el acuerdo logrado con él no fue apelado por la Fiscalía tras la negativa de un juez, decisión que, según Semana, deja en el aire su contribución al esclarecimiento de los hechos.
Este aparente estancamiento refuerza las críticas a la fiscal Camargo por la falta de acción frente a declaraciones, pruebas y posibles nexos con miembros del Gobierno, especialmente en lo que toca al entorno del presidente Petro.
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