Una mujer identificada como alias La Sevi ha sido judicializada por su presunta implicación en el reclutamiento de una niña de 12 años para un grupo armado ilegal en el departamento de Nariño, según informó la Fiscalía General de la Nación.
La menor fue trasladada en noviembre de 2024 desde la ciudad de Pasto hasta el municipio de Policarpa, donde fue recibida por un integrante de la organización armada. Desde entonces, su paradero es desconocido.
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De acuerdo con la Fiscalía, la acusada habría utilizado promesas falsas de remuneración y otros ofrecimientos para convencer a la menor de edad.
El 22 de noviembre de 2024, la llevó desde una vivienda en el sector de Betania, en Pasto, hasta la terminal de transporte de la ciudad. Allí, la acompañó a abordar un bus intermunicipal con destino a Policarpa.
Una vez en el lugar, la niña fue entregada a un miembro del grupo armado, y desde ese momento no se ha tenido información sobre su ubicación.
Según consignó el ente investigador, alias La Sevi se negó a proporcionar detalles sobre el paradero de la víctima cuando fue interrogada por los familiares.
La Fiscalía imputó a la mujer el delito de reclutamiento ilícito, una grave infracción que afecta los derechos fundamentales de los menores de edad.
Un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. La captura de la procesada se llevó a cabo en Pasto, en una operación coordinada con la Policía Nacional, durante la cual también se incautó un teléfono celular que podría aportar elementos probatorios adicionales.
El caso pone de manifiesto el accionar de grupos armados ilegales en la región de Nariño, donde el reclutamiento de menores sigue siendo una problemática alarmante.
La Fiscalía destacó que las investigaciones permitieron identificar a alias La Sevi como la responsable de contactar a la niña y facilitar su ingreso a la estructura armada. Este tipo de delitos no solo vulneran los derechos de los menores, sino que también perpetúan la violencia en las comunidades afectadas por el conflicto armado.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y localizar a la menor desaparecida. Este caso subraya la importancia de las acciones investigativas y judiciales en la lucha contra el reclutamiento de menores, un fenómeno que sigue siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en Colombia.
Reclutamiento forzado de menores en Colombia, una crisis en aumento
El reclutamiento forzado de menores en Colombia sigue siendo una problemática crítica que afecta principalmente a comunidades indígenas y afrocolombianas en regiones vulnerables.
Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de 2025 se documentaron 21 casos de menores reclutados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
De estos, 11 correspondieron a niños y niñas de comunidades indígenas, 7 no se identificaron con ningún grupo étnico y 3 eran afrocolombianos. Este fenómeno, que constituye una grave violación al derecho internacional humanitario, refleja un impacto devastador en los derechos fundamentales de la infancia.
De acuerdo con la Defensoría, los principales responsables de estos actos incluyen al Estado Mayor Central, las disidencias no especificadas, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Ejército Gaitanista de Colombia y otros grupos armados no identificados.
Cada uno de estos actores ha sido señalado en los casos documentados, con cifras que oscilan entre 1 y 5 menores reclutados por grupo durante el periodo analizado.
Sin embargo, las cifras oficiales representan solo una parte del problema, ya que el subregistro sigue siendo significativo. Factores como el miedo a represalias, la estigmatización de las víctimas y las dificultades para denunciar contribuyen a que muchos casos no sean reportados.
El informe también destaca que las niñas son el grupo más afectado por esta problemática. Aunque no se especifican cifras exactas en el monitoreo, la Defensoría subraya que las niñas enfrentan una doble vulnerabilidad, ya que además del reclutamiento forzado, son víctimas de violencia sexual y explotación dentro de los grupos armados.
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