Una paz a medias, el error al que se expone Colombia con las disidencias de las Farc

Después de varias semanas de dudas sobre la continuidad de los diálogos de paz con las disidencias de las Farc lideradas por “Calarcá”, el Gobierno nacional anunció la implementación de una Zona de Ubicación Temporal durante siete meses en Tibú, Norte de Santander.

El sitio será destinado para miembros del frente 33 de las disidencias, y hace parte del proceso de tránsito a la “vida civil”, por lo que los guerrilleros tendrán 45 días para trasladarse a ese lugar.

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Como respuesta, el comandante del frente 33 de las disidencias de “Calarcá”, Carlos Eduardo García, más conocido como “Andrey Avendaño”, indicó en diálogo con El Tiempo que la petición del Estado no sería cumplida por la falta de garantías que tiene sobre su seguridad.

“No hablaremos de entrega de armas si ELN sigue con intención de matarnos”, indicó el comandante del frente 33, que también declaró que sería “irresponsable dejar sola a la gente que ha confiado en nosotros”.

En la entrevista, “Andrey Avendaño” mencionó en varias ocasiones la oleada de violencia que se ha registrado en 2025 en el Catatumbo, en donde el ELN ha realizado seguimiento contra firmantes del acuerdo de paz para asesinarlos.

Teniendo en cuenta que el acuerdo de paz con las Farc-EP se firmó hace menos de 10 años, una de las preocupaciones de los disidentes es que se registre con ellos el mismo escenario de persecución que han afrontado los que se sometieron a la justicia en 2016.

Ese es el motivo por el que “Avendaño” mencionó que no consideran pertinente hablar de dejar las armas, cuando en lo corrido de 2025 el Gobierno nacional anunció que en Norte de Santander han asesinado a seis firmantes de paz y otros siete han sido reportados como desaparecidos.

Además, otro aspecto negativo es que Tania Rodríguez, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), indicó que los firmantes de paz tienen restricciones de movilidad por amenazas, despojo de tierras y afectaciones a sus proyectos productivos, lo que ha sido señalado como las consecuencias de firmar un acuerdo con solo uno de los Grupos Armados Organizados que hay actualmente en el país.

Rodríguez expuso que 31 proyectos de firmantes han sido despojados por grupos armados, 63 fueron abandonados productos de las amenazas que recibieron los exguerrilleros, y que solo 57 no han sufrido afectaciones, debido a que están lejos de las zonas de confrontación.

Aunque las cifras no son tan altas como en ese caso, la persecución a la que han sido sometidos los firmantes en la actualidad se puede comparar con lo registrado tras el Acuerdo de Paz durante la administración de Belisario Betancur y las Farc en 1984, del que nació el partido político Unión Patriótica (UP).

A pesar de lo pactado, los miembros de la UP fueron víctimas de una persecución que se registró durante más de 30 años. De acuerdo con la JEP, hasta 2016 se reportó el asesinato de más de 5.600 miembros de ese partido, o víctimas en atentados que tenían como objetivo a alguno de ellos.

En total, de los casos registrados, 5.195 eran militantes de la UP, mientras que 538 víctimas fueron asesinados o desaparecidos en hechos de violencia dirigidos en contra del partido político.

Además de los casos letales, en ese tiempo se reportó el desplazamiento forzado de más de 2.000 firmantes del acuerdo de paz de 1984 en todo el territorio nacional.

Actualmente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha reportado, desde 2017, el asesinato de 459 firmantes del acuerdo de paz, que se han registrado en 162 municipios de 29 departamentos diferentes.