“Peligro para las libertades públicas”: Mafe Carrascal estalla contra Carlos Fernando Galán por denunciar al presidente de la CUT

Mientras el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, prepara una denuncia contra el presidente de la CUT, Fabio Arias, por presuntamente haber impulsado bloqueos a TransMilenio durante el paro nacional, las críticas desde el Congreso no se hicieron esperar. María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, no solo rechazó la medida, sino que acusó al mandatario distrital de poner en riesgo derechos fundamentales.

A través de su cuenta en X, Carrascal expresó su respaldo total al líder sindical. “Toda mi solidaridad y apoyo a Fabio Arias, quien está siendo víctima de una amenaza de judicialización por parte del alcalde Galán”, escribió, señalando directamente al alcalde como responsable de una persecución política.

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La molestia de la congresista va más allá del caso puntual. Según ella, esta no es una situación aislada. “En menos de un mes, el alcalde ha lidiado con dos conflictos sociales de esa manera”, afirmó, aludiendo al tratamiento que dio la administración distrital a las manifestaciones. La crítica se centra en lo que considera una estrategia de criminalización de la protesta.

El anuncio de Galán se registró luego de que Arias reconociera públicamente su participación en la convocatoria al paro, lo cual incluía bloqueos temporales en el sistema de transporte masivo. Para el alcalde, esa admisión amerita una acción legal.

Sin embargo, Carrascal calificó esa decisión como desproporcionada y alarmante. “La protesta social es un derecho constitucional”, recordó, advirtiendo que este tipo de actuaciones podrían abrir la puerta a restricciones más severas contra quienes decidan movilizarse.

En su mensaje final, la representante del Pacto Histórico dejó una advertencia directa sobre el rumbo que, en su opinión, está tomando la administración bogotana. “Esta administración se está convirtiendo en un peligro para las libertades públicas”, sentenció.

El debate sigue abierto. Mientras el alcalde insiste en que su obligación es garantizar el orden público, sectores alternativos lo acusan de reprimir la organización social. Y en medio del cruce de declaraciones, crece la tensión entre la calle, el Palacio Liévano y el Congreso.

Mientras las imágenes de plazas medio vacías y enfrentamientos con la fuerza pública recorren las redes, desde el Pacto Histórico insisten en que la movilización del 28 y 29 de mayo cumplió su propósito. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal salió al paso de las críticas que calificaron de fracaso el paro nacional respaldado por las centrales obreras y el presidente Gustavo Petro.

“No era llenar la plaza. Nunca ha sido llenar la plaza”, afirmó Carrascal, haciendo referencia al habitual punto de encuentro de las movilizaciones en Bogotá. Según la congresista, el paro no buscaba cifras multitudinarias, sino articular espacios de encuentro y protesta en diferentes lugares del país. “Era tener un punto de convocatoria, de encuentro, donde pudiéramos reunirnos y poder estar en las calles juntos, pero hay muchos puntos de convocatoria”, explicó.

La versión de la representante contrasta con la percepción general de quienes esperaban que el petrismo llenara la Plaza de Bolívar como símbolo de fuerza política y respaldo ciudadano. La baja afluencia en el centro de Bogotá fue uno de los principales argumentos esgrimidos por los opositores para hablar de desmovilización.

Pero, el balance no solo giró en torno a la asistencia. Lo que sí marcó las jornadas fueron los choques entre encapuchados y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), en zonas como la avenida NQS, cerca de la Universidad Nacional, y la Y de Yomasa, en el sur de la capital. Esto, a pesar de que el propio presidente Petro había asegurado que las manifestaciones transcurrirían sin incidentes con la fuerza pública.

La lectura del Gobierno y sus aliados parece centrarse más en el mensaje simbólico que en los números. Aun así, los hechos muestran que la apuesta por movilizar en defensa del Gobierno enfrentó obstáculos tanto en la convocatoria como en el orden público.