Medicina Legal defendió a sus investigadores ante escándalo por acceso irregular en el caso del coronel Óscar Dávila

A punto de cumplirse dos años de la muerte del coronel Óscar Dávila, que iba a ser testigo en el caso de la por las chuzadas a Marelbys Mez, se conoció que 11 funcionarios de Medicina Legal serán investigados por acceso irregular a pruebas de la escena del crimen y posterior informe en el que se afirmó que el uniformado se suicidó.

“Un total de 23 funcionarios accedieron al caso, de los cuales solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo, mientras que los 11 restantes, incluido un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían ingresado sin autorización, en algunos casos por simple curiosidad”, es parte del expediente del caso, que fue expuesto por El Colombiano.

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Este anuncio provocó que varias figuras políticas del país pidieran claridad de los hechos, puesto que en su momento se generaron polémicas por las imprecisiones y falta de información que se registró en el auge de uno de los escándalos más sonados del Gobierno Petro.

Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitieron un comunicado de prensa en el que revelaron que, en su momento, identificaron que funcionarios habían intentado ingresar al caso.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses posterior al abordaje del caso del teniente coronel Óscar Dávila Torres y en aplicación de las actividades de auditoría a los sistemas de información que realiza la entidad, detectó intentos de ingreso al sistema por parte de algunos funcionarios”.

Debido a esta situación, este hecho fue notificado para que se hiciera un control interno del accionar de los investigadores por parte de la Comisión Nacional de Disciplina judicial.

“Consultados los mismos sobre su actividad, se remitió desde la dirección general, la información entregada por ellos a la oficina de control interno disciplinario, quien por competencia dio traslado el 14 de agosto de 2023 a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que se investigara posibles faltas disciplinarias de estos servidores”.

Medicina Legal aclaró que hasta el momento no se ha confirmado que en el acceso irregular de los investigadores se hubieran registrado “alteraciones en los informes periciales”.

Por último, en el comunicado indican que en caso de que en la investigación se registren hallazgos relevantes, el instituto ayudará en todo momento para responder cualquier tipo de requerimiento.

“La actividad realizada y la revisión del caso, no han documentado alteraciones en los informes periciales ni en las conclusiones forenses remitidas a la Fiscalía General de la Nación. El instituto estará atento a dar respuesta a los requerimientos de información, a las autoridades y a los resultados que arroje la investigación”.

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de derecho penal de la Universidad de La Sabana y litigante en materia penal, Edwin Manuel Chaves, explicó qué delito podrían haber cometido los investigadores si alteraron la escena del crimen o aspectos ligados al caso.

“El artículo 454B del código penal criminaliza las conductas de ocultamiento, alteración o destrucción de un elemento material probatorio cuando dichos comportamientos se realizan para evitar que este sea usado como medio cognoscitivo de una investigación penal o como medio de prueba en un juicio. El elemento debe tener necesariamente un alcance probatorio”.

Chaves explicó que en caso de que esto sea comprobado, los peritos podrían llegar a ser condenados a “una pena de cuatro a doce años de prisión”, pero aclaró que el hecho debe ser demostrado de manera contundente por medio de análisis forenses.

“Establecer la ocurrencia de cualquier delito es algo complejo, pero respecto de aquel por el que se me pregunta, la primera actividad consistiría en identificar el elemento y su valor probatorio. Ya establecer si aquel fue cambiado, escondido o deshecho, dependería principalmente de análisis forenses”.