Junta Directiva de Ecopetrol tomó radical decisión tras el escándalo por polémico contrato que puso en problemas a Ricardo Roa

En respuesta a las versiones de prensa que han circulado en los últimos días sobre un millonario contrato destinado a investigar la reputación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la Junta Directiva de la compañía estatal emitió un comunicado oficial este 29 de mayo de 2025, en el que aclara el contexto, los procedimientos seguidos y las acciones adoptadas frente a la controversia.

Según la Junta Directiva, Ecopetrol ha contado desde 2008 —cuando empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York— con un sistema de control interno y de debida diligencia, el cual incluye asesoría de firmas de abogados de Estados Unidos especializadas en asuntos como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y temas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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Este sistema busca garantizar el cumplimiento de regulaciones internacionales y proteger la integridad de la empresa en escenarios de riesgo.

En ese contexto, la junta señaló que fue ella misma, “en uso de sus facultades estatutarias y como resultado de un proceso plural”, la que solicitó la contratación de la firma legal Covington & Burling LLP. El objetivo era realizar un análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses. “En este proceso no participó el Presidente de la compañía”, remarca el comunicado, desmarcando a Roa de cualquier implicación en la toma de decisiones respecto al contrato.

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento se refiere al otrosí —una adición o modificación contractual— que habría alterado el alcance y valor del contrato inicial con Covington & Burling. Según la junta, ni ella ni el Comité de Auditoría fueron consultados sobre dicho otrosí. “Como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025”, se afirma en el comunicado.

Además, se indica que en su momento se solicitó someter estas actuaciones a una auditoría e investigación interna, “en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso”. La junta advirtió que, con base en los resultados que se obtengan, se tomarán “las acciones legales y administrativas que correspondan”.

La Junta Directiva también anunció su disposición a colaborar con las autoridades y entes de control que ya han iniciado procedimientos relacionados con esta situación. Las acciones legales en curso, según el comunicado, “buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional”.

La aclaración llega en medio de crecientes cuestionamientos por parte de sectores políticos y mediáticos, que han exigido explicaciones sobre el propósito, costo y justificación del contrato, en un momento de alta sensibilidad sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Pese a la coyuntura, Ecopetrol asegura que su solidez financiera y operativa se mantiene intacta. “La Empresa ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública”, subrayó la junta, agregando que los planes y expectativas de producción y crecimiento para 2025 no se verán afectados.

La comunicación oficial concluye reiterando que la transparencia y la defensa del patrimonio público siguen siendo “prioridades de la Junta Directiva, en línea con los principios de buen gobierno corporativo”.

El 29 de mayo, la Contraloría General de la República solicitó formalmente explicaciones al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, sobre este contrato cuyo valor superaría los 5,8 millones de dólares. El órgano de control pidió copia del contrato, detalles sobre los pagos realizados y el estado actual del mismo, en medio de una revisión profunda tras la filtración de documentos internos que evidencian la millonaria contratación.

Simultáneamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación relacionada con supuesta firma del otrosí al contrato. Alberto Vergara, director de Cumplimiento de Ecopetrol, está señalado como presunto responsable directo de esta acción y es objeto de indagación para determinar posibles extralimitaciones y uso indebido de recursos públicos.

Desde temprano del miércoles, la Junta Directiva de Ecopetrol se reunió para evaluar las implicaciones de este caso, cuya información fue inicialmente publicada por el diario El Tiempo. El contrato tenía como objetivo analizar el impacto reputacional de las investigaciones y señalamientos contra Ricardo Roa, que enfrenta una solicitud de suspensión por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.