
Las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas, y que están agrupadas en la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), hicieron el jueves 29 de mayo de 2025 un llamado urgente al Gobierno nacional, ante la entrada en vigencia del Decreto 572 de 2025, que, por instrucción del presidente de la República, Gustavo Petro, produjo profundas modificaciones fiscales relacionadas con la retención en la fuente para la vigencia de 2026, y adelanta la tributación por este concepto.
El director general de la asociación, Juan Carlos Giraldo, envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que solicitó de manera prioritaria la exclusión del sector salud del pago anticipado de las retenciones y de cualquier incremento en las tarifas establecidas en la nueva normativa. Una petición que basó en una serie de argumentos que demostrarían cómo la obligación propuesta podría ocasionar una fuerte crisis en la prestación de servicios, en medio de una crisis por las falencias que registra el sistema.
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En su misiva, Giraldo expuso que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) atraviesan una profunda crisis de liquidez que limita, de manera severa, su capacidad para cumplir con estas obligaciones fiscales, en los términos y tiempos planteados. “Las IPS no tienen el flujo de caja, ni la liquidez suficiente que les permita cumplir con el pago anticipado de las retenciones y del impuesto de renta, ni el incremento en tarifa alguna”, afirmó el directivo, que dejó de manifiesto la incertidumbre que generaría este asunto.
Y es que este punto se convirtió en el eje central de su petición, ya que consideran que exigir estos pagos anticipados agravaría la precaria situación financiera del sector y podría afectar la continuidad en la prestación de servicios a los usuarios. En ese orden de ideas, el director de la Achc enfatizó que, en un momento de estrechez económica generalizada, no resulta justo ni equitativo que el sector salud sea equiparado a otros sectores productivos del país, que tienen un mejor presente.
La petición está soportada en que las IPS están en una lucha constante por mantener sus operaciones a pesar de las dificultades financieras. Por ello, solicitó al ministro Jaramillo intervenir de forma inmediata y coordinar con el Ministerio de Hacienda, a cargo de Germán Ávila, para que esta medida sea corregida, y que se permita que las instituciones continúen bajo las condiciones actuales, sin verse obligadas a realizar estos pagos anticipados.

Según Giraldo, “resulta por decir lo menos inoportuno e inequitativo que se les equipare a otros sectores o empresas productivas del país en estos recaudos tributarios anticipados y el ajuste de la tarifa”. A su vez, Giraldo destacó la importancia de abordar de forma integral los problemas de liquidez que enfrenta el sector, y por ello, desde la Achc, han propuesto un conjunto de medidas, contempladas dentro de un plan extraordinario de liquidez, que podrían aliviar la crisis financiera y garantizar la sostenibilidad del sistema.
¿Qué propone la Achc para hacerle frente a la crisis del sistema?
Entre estas medidas está la aplicación del mecanismo de giro directo en su máxima capacidad y con control adecuado en su distribución; además de lo que han llamado la desinversión de las reservas técnicas; es decir, la liberación y uso de los recursos que respaldan estas reservas para cubrir otras necesidades de la entidad; la capitalización de las EPS intervenidas; y la implementación de cambios en las reclamaciones del SOAT, que permitirían sanear la cartera antigua y evitar el deterioro de la cartera corriente de las IPS.

El directivo resaltó el compromiso del sector salud con la atención a la población y su esfuerzo por mantener los servicios en niveles máximos de producción, pese a que no cuentan con ingresos proporcionales a ese esfuerzo. “Las instituciones prestadoras de servicios de salud mantienen su compromiso con la atención en salud de la población y se esfuerzan por mantener su operación, algunas en puntos máximos de producción, sin que pueda afirmarse que reciben los ingresos en la misma medida de su esfuerzo”, dijo.
Es válido precisar que el Decreto 572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 28 de mayo de 2025, y reemplaza varios artículos del Decreto 1625 de 2016, actualizó las tarifas de autorretención y las bases mínimas para la retención en la fuente del impuesto de renta, con el fin de ajustar las disposiciones fiscales a las necesidades actuales del sistema tributario.
Entre los cambios más relevantes con el referido decreto, se estableció una tarifa de retención del 2,5% para ciertos autorretenedores, clasificados según la actividad económica. Aunque el Gobierno señala que estas medidas buscan modernizar y mejorar la recaudación fiscal, el sector salud advierte que la imposición de pagos anticipados generará un impacto negativo en la operación de las IPS, que en muchos casos dependen de flujos financieros ajustados, de ahí la necesidad de que se hagan estas excepciones.
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