En una decisión que generó controversia, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que había sido procesado por su presunta participación en la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.
Esta sentencia fue calificada por la Fundación para la Linertad de Prensa (Flip), como deficiente en el análisis probatorio y en la conceptualización del delito de tortura psicológica, lo que suscitó críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la propia víctima.
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El caso tiene sus raíces en las investigaciones realizadas por Duque sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999.
En sus reportajes, la periodista vinculó al DAS con este crimen, lo que desató una serie de hostigamientos en su contra. En agosto de 2024, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, a 12 años y cinco meses de prisión por ordenar la vigilancia y las amenazas de muerte contra Duque.
Durante el juicio, se reveló que Narváez había instruido a agentes del DAS para recolectar información privada sobre la periodista y su hija, menor de edad en ese momento.
La absolución de Rivera Rodríguez, que pertenecía al Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS, fue cuestionada por la Flip, que argumentó que la Corte ignoró pruebas clave que lo vinculan con las operaciones ilegales contra Duque.
Según la Fundación, la sentencia omite analizar los nexos entre Rivera y Narváez, así como la cronología de los hechos que evidencian la escalada de las amenazas contra la periodista.
Además, la Flip señaló que la Corte no valoró adecuadamente la pertenencia de Rivera a una estructura organizada dentro del DAS que tenía como objetivo la persecución sistemática de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
En su fallo, la Corte Suprema argumentó que no existen pruebas suficientes y sólidas para demostrar la culpabilidad de Rivera Rodríguez. Sin embargo, la Flip consideró que esta conclusión es contradictoria, ya que la misma sentencia reconoce el daño personal, familiar, social y laboral que las acciones del DAS causaron a Duque.
La Fundación para la Libertad de Prensa también criticó la valoración selectiva de las pruebas por parte de la Corte, lo que, según ellos, favoreció indebidamente al acusado.
La Flip destacó que la Corte perdió una oportunidad crucial para aplicar la doctrina de la empresa criminal conjunta, un concepto del derecho internacional que permite establecer la responsabilidad de los implicados en crímenes sistemáticos, no sólo por su participación directa, sino por su pertenencia a una organización que ejecuta estos delitos de manera estructurada.
Según la Fiscalía, Rivera Rodríguez integraba un grupo dentro del DAS que operaba bajo un plan estratégico para atacar a Duque, utilizando información de inteligencia recolectada por el propio acusado.
El fallo también fue señalado como un retroceso en la lucha contra la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
La Flip subrayó que esta es la primera vez en el mundo que un caso de tortura psicológica de estas características llega a la más alta instancia de la justicia penal, lo que hacía de este proceso una oportunidad histórica para desarrollar nociones jurídicas específicas sobre este delito en el marco del derecho internacional.
Por su parte, Claudia Julieta Duque expresó su rechazo a la decisión, calificándola como una revictimización que perpetúa su sufrimiento.
La periodista ha enfrentado años de persecución y hostigamiento, y la sentencia absolutoria, según la Fundación, no solo niega justicia a la víctima, sino que debilita los esfuerzos para garantizar el enjuiciamiento y castigo de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El caso de Duque ha sido emblemático en Colombia, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la implicación de altos funcionarios del DAS en una campaña sistemática de persecución contra periodistas.
La Flip y otras organizaciones instaron a que se revise la decisión de la Corte Suprema para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos fundamentales de las víctimas de este tipo de crímenes.
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