Tras ser imputado por la Fiscalía en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, presentó su renuncia al Partido Alianza Verde.
Su abogado, el penalista Iván Cancino, explicó que esta decisión busca disipar cualquier duda sobre su vínculo con la colectividad.
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“Puedo confirmar que Carlos Ramón González efectivamente presentó carta de renuncia al Partido Verde”, señaló Cancino.
La renuncia de González se produce en un contexto de creciente presión dentro del partido.
El representante a la Cámara Cristian Avendaño, también miembro de la Alianza Verde, había solicitado públicamente la expulsión del exfuncionario tras conocerse su citación a imputación por parte de la Fiscalía.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Avendaño expresó: “Hemos solicitado la expulsión del señor Carlos Ramón González del partido Alianza Verde. No puede ser que un partido que enarbolaba la bandera de la lucha anticorrupción ahora se vea enlodado por el caso de corrupción más grande que ha tenido este gobierno”.
La imputación de la Fiscalía contra González incluye los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según el expediente, González habría sido uno de los principales artífices de una operación ilegal destinada a asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas impulsadas por el presidente Petro.
La Fiscalía sostiene que González, en colaboración con el exdirector de la Ungrd Olmedo López, gestionó en 2023 la distribución de 70.000 millones de pesos en contratos dirigidos a los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
De acuerdo con la investigación, Name habría recibido dos pagos de 1.500 millones de pesos en Bogotá, mientras que Calle habría recibido 1.000 millones en Montería.
Estas transacciones, presuntamente realizadas en efectivo, habrían sido gestionadas por Ortiz y el exsubdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla, quien actualmente se encuentra detenido junto con López.
Durante una audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, González negó los cargos y calificó las acusaciones como “calumnias sin fundamento”.
En su defensa, alegó que nunca ha ordenado a nadie cometer actos ilícitos.
La Fiscalía, sin embargo, argumenta que González actuó con dolo directo, con pleno conocimiento de las irregularidades, y que incluso habría ordenado a López ejecutar estas acciones, contraviniendo el ordenamiento jurídico.
La Alianza Verde no solo enfrenta el caso de González. La colectividad también anunció la suspensión del senador Iván Name Vásquez y de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz Nova, ambos vinculados al escándalo de corrupción en la Ungrd.
Según un comunicado del partido, los dos fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético desde el 3 de mayo de 2024, con el objetivo de determinar su grado de responsabilidad y establecer posibles sanciones.
La situación ha puesto en entredicho la credibilidad de la Alianza Verde, que se ha proyectado históricamente como un referente en la lucha contra la corrupción.
Carlos Ramón González, originario de Santander, es una figura política de larga trayectoria y uno de los aliados más cercanos del presidente Petro.
Su vínculo con el mandatario se remonta a su militancia común en la guerrilla del M-19. Tras la desmovilización, González fue cofundador del Partido Verde y jugó un papel clave en su fusión con el movimiento Progresistas, liderado por Petro.
En 2022, fue designado por el presidente como director del Dapre, cargo en el que coordinó las funciones administrativas y políticas de la Casa de Nariño, además de actuar como enlace entre el Ejecutivo y el Congreso.
El escándalo de corrupción en la Ungrd, considerado uno de los más graves en la historia reciente del país, ha puesto a prueba al Gobierno y a las colectividades políticas que lo respaldan.
La renuncia de González al Partido Verde, aunque interpretada por su defensa como un gesto para evitar comprometer al partido, ocurre en un momento en que crece la presión política y social por esclarecer responsabilidades y sancionar a los implicados.
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