Capturan a taxista que habría transportado un cuerpo en su vehículo: la víctima estaba amarrada de pies, manos y cuello

Un caso que involucra a un taxista en un presunto crimen ha generado conmoción en Antioquia, Colombia.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, Faber Ferney Mejía Durango, un hombre de 28 años, habría transportado el cuerpo de una víctima de 25 años en su vehículo.

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El cadáver fue hallado el pasado 22 de marzo de 2025 en el municipio de La Estrella, al sur de Medellín, dentro de un costal y con evidentes signos de tortura. La víctima estaba amarrada de pies, manos y cuello, y un cartel junto al cuerpo lo acusaba de cometer delitos, lo que podría haber sido utilizado como una justificación extrajudicial del crimen.

De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín, Mejía Durango habría trasladado el cuerpo desde el barrio Olaya, en Medellín, hasta el lugar donde fue abandonado, en el sur del Valle de Aburrá. El dictamen de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, las autoridades señalaron que el cadáver presentaba múltiples signos de tortura, lo que refuerza la gravedad del caso.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional recopilaron material probatorio que incluye grabaciones de cámaras de seguridad. Estas imágenes registraron el ingreso y salida del taxi conducido por Mejía Durango en la zona donde fue encontrado el cuerpo. Este material ha sido clave para vincular al taxista con el crimen.

La captura de Mejía Durango se llevó a cabo el 28 de mayo de 2025. Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y tortura. A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos. No obstante, el juez encargado del caso dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se desarrolla el proceso judicial.

El hallazgo del cuerpo en un costal, acompañado de un cartel que lo acusaba de delitos, ha generado interrogantes sobre las posibles motivaciones detrás del crimen y si podría estar relacionado con ajustes de cuentas o actos de justicia por mano propia. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar si existen más personas involucradas en este caso.

Un informe reciente ha revelado que Antioquia concentra el 12% de los homicidios registrados en Colombia durante el primer trimestre de 2025, lo que posiciona al departamento como una de las regiones más afectadas por la violencia en el país. Según datos publicados por el Consejo Gremial, a nivel nacional se contabilizaron 3.244 homicidios en este período, lo que representa un aumento del 2% en comparación con el mismo trimestre del 2024. Este incremento refleja un panorama de seguridad cada vez más complejo en Colombia.

El informe también detalla que el 66% de los homicidios ocurrieron en zonas urbanas, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias específicas para abordar la violencia en estos entornos. Además, el número de masacres registradas en el país aumentó un 9%, pasando de 53 casos en 2024 a 58 en 2025. Este tipo de crímenes, que suelen estar vinculados a disputas entre grupos armados y actividades delictivas organizadas, agravan aún más la situación de seguridad en el territorio nacional.

En el caso de Antioquia, las autoridades han identificado varios factores que contribuyen al aumento de la violencia. Entre ellos destacan el sicariato, los conflictos de convivencia y las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Estas dinámicas no solo afectan a las zonas urbanas, también a los municipios más alejados, donde la presencia estatal es limitada y los grupos armados ejercen un control significativo.

Ante este panorama, se han propuesto medidas para fortalecer la seguridad en los municipios más afectados. Las autoridades locales y nacionales han señalado la importancia de implementar acciones concretas para reducir la incidencia de homicidios en lo que resta del año. Estas medidas incluyen un mayor despliegue de fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de la inteligencia policial y la promoción de programas de prevención de la violencia en las comunidades más vulnerables.