La exconsejera de Petro Sandra Ortiz debería presentarse ante la Comisión de Acusación por presunto tráfico de influencias, aseguró la Red de Veedurías

Un documento emitido por la Red de Veedurías Ciudadanas y Veedores sin Fronteras solicita que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nocua, sea citada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Esta petición está relacionada con presuntos delitos, entre ellos, tráfico de influencias, en el marco de las elecciones del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, según lo dio a conocer Semana en la mañana del 29 de mayo del 2025.

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La solicitud, firmada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías, fue dirigida a los representantes investigadores Carlos Alberto Cuenca, Olga Lucía Velásquez y Vladimir Ramiro Carrillo.

En el documento, Bustos enfatiza la importancia de escuchar directamente a Ortiz, argumentando que su declaración podría ser clave para esclarecer los hechos denunciados.

En la solicitud se señala: “Por cuanto los funcionarios del CTI tienen una relación de subordinación jerárquica y funcional con la denunciada Fiscal General de la Nación, Luz Helena Camargo, con lo que se podrían afectar garantías constitucionales a la imparcialidad, autonomía e independencia”.

Además, el texto plantea preocupaciones sobre la imparcialidad de las investigaciones realizadas hasta ahora, ya que estas han sido adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que depende jerárquicamente de la Fiscalía liderada por Camargo.

En el documento, Bustos expresó que la relación de subordinación entre los funcionarios del CTI y la fiscal general podría comprometer principios fundamentales como la imparcialidad, la autonomía y el debido proceso.

Por ello, solicitó que la ratificación y ampliación de la denuncia se realicen directamente ante la Comisión de Acusación, en lugar de continuar bajo la supervisión del CTI.

Sandra Ortiz cuestionó directamente a la fiscal general, insinuando que esta podría estar protegiendo a alguien, en una entrevista con Yesid Lancheros, director de Semana. Ortiz también se refirió a la filtración de pruebas relacionadas con el caso, las cuales fueron publicadas por el medio.

“Siento que ella sí quiere proteger a alguien. Y sí, se filtraron las pruebas. Ustedes las publicaron, son muy contundentes, es un material probatorio importante. Quiero que le digan al país si mi abogado o si yo, Sandra Ortiz, le filtramos esas pruebas a Semana”, declaró.

Según sus palabras: “Actuando exclusivamente en mi condición de ciudadano veedor y actual presidente y fundador de la RED VER, incoamos la presente solicitud en defensa del interés general, de la moralidad pública y del patrimonio colectivo”

Ortiz aseguró tener información sensible sobre las elecciones de Vladimir Fernández y Luz Adriana Camargo, aunque no ofreció detalles específicos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de revelar esta información en el marco de una comparecencia ante la Comisión de Acusación.

Según consignó Semana, la exconsejera subrayó la relevancia de que se esclarezcan los hechos y se garantice la transparencia en el proceso.

El caso ha generado atención debido a las implicaciones que podría tener en la independencia de las instituciones judiciales y en la percepción pública sobre la transparencia en la elección de altos funcionarios.

La solicitud de Bustos y las declaraciones de Ortiz apuntan a posibles irregularidades que, de confirmarse, podrían tener un impacto significativo en el panorama político y judicial del país.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia ha iniciado investigaciones formales contra el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández Andrade, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Ambos casos han generado solicitudes de apoyo investigativo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que se encargará de recolectar pruebas y realizar las diligencias judiciales correspondientes, conforme a las disposiciones legales vigentes en el país.

En el caso del magistrado Vladimir Fernández, la denuncia fue presentada por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.

Aunque los detalles específicos de las acusaciones no han sido divulgados públicamente, el documento oficial de la Comisión de Acusaciones señala que se ha decidido “avocar el conocimiento del presente expediente contentivo de las denuncias presentadas en contra del magistrado de la Corte Constitucional doctor Vladimir Fernández Andrade”.