Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advierte que la reforma laboral pone en riesgo a las pequeñas empresas: explicó sus razones

El impacto de la reforma laboral en las pequeñas empresas y los avances en proyectos sociales fueron los temas centrales abordados por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval, en una reciente entrevista con W Radio.

Durante la conversación, el empresario expresó su preocupación por las implicaciones económicas que podría traer la reforma laboral al sector empresarial, especialmente a las pequeñas empresas.

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De acuerdo con Sarmiento Gutiérrez, la reforma laboral, tal como está planteada, no contempla la necesidad de una consulta previa, lo que representa un punto crítico en su implementación.

Adicionalmente, advirtió que los cambios propuestos en las condiciones laborales de los trabajadores podrían derivar en un aumento significativo de los costos operativos para las empresas.

Según explicó, este incremento en los costos podría obligar a las compañías a tomar decisiones difíciles para mantener su rentabilidad, como ajustar los ingresos o reducir otros gastos, lo que podría implicar la disminución del número de empleados.

“Se están haciendo unos cambios en las condiciones laborales de los colaboradores, que seguramente encarecerán los costos. Y aquí está mi preocupación... Esa rentabilidad la tenemos que generar, porque si no, aquellos que invierten ese patrimonio y no reciben la rentabilidad esperada, simplemente llevarán su dinero a otro lugar.”

El empresario subrayó que, aunque las grandes empresas cuentan con herramientas para analizar y mitigar estos impactos, las pequeñas empresas enfrentan un panorama mucho más complejo.

“A las empresas pequeñas, que tienen dos o tres empleados, el margen es muy estrecho. Si ya enfrentan cargas como el ICA y otros impuestos elevados, y ahora se les incrementan los costos laborales, la situación se vuelve muy complicada”, afirmó.

Sarmiento Gutiérrez enfatizó el desafío que representa para las compañías mantener la rentabilidad frente al incremento de los costos laborales: “Cuando los costos aumentan, uno tiene que incrementar proporcionalmente los ingresos o encontrar maneras de reducir otros gastos para contrarrestar esos aumentos. Entonces, si los costos laborales son los que se incrementan, ¿cómo podemos compensarlo? Generalmente, si el costo por colaborador sube, hay que evaluar si es posible mantener el mismo número de empleados.”

Mientras las grandes empresas pueden analizar estos escenarios con herramientas avanzadas, el empresario alertó sobre la difícil situación que enfrentan las pequeñas compañías: “Me preocupa mucho más la situación de las empresas pequeñas. Cuando uno tiene solo dos o tres empleados, el problema es mucho más grave. Si a los ya altos costos por el ICA y otros impuestos del país, se suman mayores costos laborales, una empresa pequeña tendrá muchas dificultades. Despedir a un empleado podría significar perder entre el 33 % y hasta el 50 % de su fuerza laboral.”

Finalmente, Sarmiento Gutiérrez reflexionó sobre el impacto desigual de esta reforma en el tejido empresarial colombiano: “Desgraciadamente, esto es un problema mucho más grave para las empresas pequeñas que para las grandes.”

Además, destacó que para una empresa con tres trabajadores, despedir a uno significaría perder el 33 % de su fuerza laboral, lo que podría afectar gravemente su operación.

La reforma laboral aprobada establece una prima adicional que se suma a las primas de servicio entregadas a mitad y fin de año.

Este pago complementario estará condicionado al crecimiento económico de las empresas, aplicándose solo a aquellas que registren un aumento superior al 4% respecto al año anterior.

La medida busca incentivar la productividad y compartir los beneficios del crecimiento empresarial con los trabajadores.

El monto de la prima varía según el tamaño de la empresa: para microempresas será el 20% de un salario mínimo (284.600 pesos colombianos), para pequeñas y medianas empresas el 30% (426.900 pesos) y para grandes empresas el 40% (569.200 pesos).

Además, el pago podrá diferirse mediante un acuerdo entre empleador y trabajador, e incluirá beneficios tributarios para las compañías.

No obstante, la implementación no será inmediata ni automática. Además de la aprobación definitiva por el Congreso, el Gobierno debe reglamentar los mecanismos para medir el crecimiento económico y la productividad, lo cual es clave para definir quiénes pagarán la prima.

También será necesario que se cumpla la promesa de reducir impuestos de renta para las empresas, requisito para que esta medida entre en vigor.