Los chats que revelan presunto abuso laboral por parte de congresista alternativa que apoya la reforma laboral de Petro

Una de las premisas del presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido la dignificación laboral, razón por la que planteó una reforma laboral que no prosperó en el Congreso. Por ello, ha recurrido a todo tipo de estrategias para intentar salvarla o revivirla.

En ese contexto, pese a que la bancada y simpatizantes del Gobierno han sido duros críticos a los que se “oponen” a mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores, lo cierto es que algunos se habrían “arrimado a la candela con rabo de paja”.

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Uno de los casos andando es el de David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes y actual representante del Pacto Histórico en esta corporación legislativa, señalado, según reveló el periodista Daniel Coronell, de presunto abuso laboral al contratar trabajadores para un fruver de su propiedad sin cumplir las condiciones que exige la ley.

A esto se suma el caso de Ingrid Johana Aguirre Juvinao, representante a la Cámara por el movimiento Fuerza Ciudadana, que se ha mostrado como una férrea defensora de los derechos laborales y la reforma impulsada por el Gobierno, pero que tendría cuentas por saldar con dos personas que trabajaron para ella.

De acuerdo con información conocida en exclusiva por Infobae Colombia, la representante de Fuerza Ciudadana tiene en curso una demanda laboral por la falta de pago de honorarios.

Se trata del caso de Geancarlo Santana, un joven que ingresó a la política alternativa con la ilusión de que en estos espacios se actúa “diferente”.

Según contó a este medio, que gracias a sus estudios en comunicación social y periodismo, además de ser artista de grafiti, tuvo el aval de las directivas del movimiento político para integrar el equipo de una de las representantes más fuertes: Ingrid Johana Aguirre Juvinao.

“Desde las directivas le dicen a la señora Ingrid Aguirre que me contrate en la UTL de ella (...) Ella como que a regañadientes recibe la orden de las directivas, entonces empieza a tener un contacto conmigo por WhatsApp. Me empieza a citar al Congreso, me empieza a decir que haga una cosa, que haga la otra, me da las llaves de su oficina, me cita de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. a hacerle fotos, hacerle trabajos”, indicó.

El afectado, que reconoció que tiene un amplio poder de convocatoria de personas, especialmente jóvenes, trabajó por alrededor de 10 meses bajo las órdenes de la congresista sin tener un contrato de trabajo, tareas que quedaron consignadas en varios chats que Santana compartió a este medio.

“Me hizo trabajar sin contrato, a pesar de que me mandó a hacer exámenes dentro del Congreso”, explicó el trabajador de 34 años, al que le habrían prometido un contrato por sus servicios como comunicador social por valor de $5.000.000.

Pasaron los meses y Santana, que participaba activamente en el cubrimiento de eventos de la representante, además de la logística y convocatoria de actividades del movimiento, no veía que avanzaba su proceso de contratación formal.

“Incluso ella me pone a hacer política, me dice: ‘Vaya, consiga esto, consiga a los muchachos, llame aquí, arme la campaña al Concejo de Bogotá, traiga las listas, vaya a Soacha, vaya a Kennedy, vaya a Bosa, vaya consiga los candidatos, haga reuniones, como toda la parte política me la pone a hacer a mí”, anotó a este medio.

Luego de la larga espera, el trabajador decidió exponer su inconformidad en medio de un evento público de la colectividad, razón suficiente para que fuera apartado de la manera “más humillante”, como lo indicó a este medio.

“Yo digo en una reunión: ‘Ustedes son unos mentirosos, y claro, ahí sí me sacan a volar (...) Yo le interpuse un derecho de petición diciéndole que me pagara mi dinero, le muestro las pruebas, los chats, le dije, mire, usted me puso a hacer piezas gráficas, me puso a hacerle fotografías, me puso a investigar. En ese tiempo estaba el tema de la reforma a la salud, entonces me puso a hacer un trabajo político, social y usted nunca me pagó. No me lo responde. Le radico otro, no me lo responde. Y le radico una tutela y ahí sí me responde, diciéndome que prácticamente no me conoce”, detalló a este medio.

Los chats conocidos por este medio darían cuenta de las veces que el joven prácticamente “imploró” porque le pagara los honorarios por sus servicios, que fueron ignorados en repetidas ocasiones; de hecho, en una de las conversaciones, la representante le consultó por su aspiración salarial. En los 10 meses de trabajo, solo alcanzó a percibir $4′000.000, según indicó.

Este no sería el primer caso en que la representante Aguirre se ve involucrada en un presunto atropello contra sus empleados, debido a que Infobae Colombia conoció otro proceso en el que había faltado al pago de unos servicios de asesoría y comunicación previo a trabajar en su UTL por $3′500.000.

El afectado, Luis Carlos Rúa, la denunció ante el Comité de Convivencia de la Cámara por el supuesto acoso laboral ejercido contra él, luego de que este no retirara una denuncia contra el senador Alexánder Harley Bermúdez Lasso, que ella, según indicó el denunciante, en un principio autorizó. Ninguno de los dos procesos prosperó.

Esta es la demanda radicada ante el Juzgado 006 laboral de circuito Bogotá: