El debate en torno al uso del espacio público para mensajes políticos y expresiones artísticas volvió a ocupar la atención luego de recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien instó a los jóvenes a utilizar el arte, en particular la pintura, como vía para canalizar sus emociones.
Ante ese llamado, desde el Centro Democrático surgió una respuesta contundente.
Josias Fiesco, reconocido activista vinculado al uribismo, manifestó que su organización continuará eliminando los grafitis que identifiquen como cercanos al petrismo.
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A través de redes sociales y declaraciones públicas, advirtió: “Ni un centímetro de nuestros muros y calles para los mensajes de odio. Grafiti petrista que pinten, grafiti que borramos”.
La postura fue divulgada en medio de la discusión nacional sobre el papel del arte urbano en la protesta política, luego de que Petro invitara a utilizar la pintura como herramienta cultural y medio de expresión en contextos sociales y territoriales.
La reacción del sector opositor se suma a acciones previas en Bogotá y otras ciudades, donde simpatizantes del Centro Democrático han intervenido murales vinculados al movimiento político del actual Gobierno.
Fiesco, en sus declaraciones, reiteró que esta labor no es nueva y que ya se han realizado acciones similares en semanas anteriores. De hecho, mencionó que se están preparando grupos en diferentes puntos del país para replicar la estrategia.
“Los ciudadanos no vamos a permitir que al lado de una guardería dibujen calaveras, afecten el comercio con sus mensajes de odio. Con rodillo vamos a borrar lo que la capucha nos quiere imponer”, expresó.
Según indicó, estas intervenciones serán realizadas por equipos de ciudadanos que se están organizando por zonas, con el propósito de actuar ante lo que consideran una ocupación indebida del espacio público mediante imágenes o mensajes contrarios a sus valores. La estrategia, según explicó, busca evitar que tales murales sean vistos por la ciudadanía y puedan interpretarse como una forma de violencia simbólica o adoctrinamiento visual.
La controversia se produce luego de que se conociera que al menos 39 murales asociados con el petrismo fueron borrados en distintas localidades de Bogotá. Estas acciones, ejecutadas por activistas contrarios al Gobierno, han sido motivo de atención en medios y redes, donde distintos sectores de la opinión pública han expresado posiciones opuestas.
Fiesco subrayó que lo que está ocurriendo, a su juicio, no puede considerarse arte si implica “daño a los bienes públicos”. También afirmó que no permitirán que los mensajes que consideran ofensivos o divisivos permanezcan en muros de la ciudad. “Estamos organizando por localidades y ciudades los equipos ciudadanos para borrar los grafitis petristas y contrarrestar esta nueva versión de destilar odio en los muros de Colombia”, declaró.
El llamado del presidente Petro a la juventud para que utilice la pintura como medio de comunicación política fue interpretado por varios sectores como una invitación a usar el arte urbano en el marco del ejercicio democrático. No obstante, desde la oposición han insistido en que este tipo de manifestaciones pueden convertirse en instrumentos de propaganda.
La polarización sobre el arte en el espacio público ha sido recurrente en contextos políticos complejos. La discusión sobre qué puede considerarse arte legítimo, y cuál es su relación con los bienes públicos y el derecho a la protesta, se ha intensificado en los últimos meses, especialmente tras intervenciones artísticas que han incluido retratos, frases o símbolos que hacen referencia directa al Gobierno o sus críticos.
Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades locales han tomado medidas concretas respecto a la eliminación de los murales ni si existen sanciones para quienes los borran sin autorización. Algunas administraciones distritales han defendido el arte urbano como manifestación cultural, mientras que sectores conservadores han sostenido que se requiere regulación para evitar lo que consideran actos de propaganda ideológica.
En este contexto, el enfrentamiento simbólico entre sectores afines al Gobierno y sectores opositores ha tomado forma a través del color de los muros. De un lado, la invitación a pintar como forma de expresión política; del otro, la intención de borrar toda huella gráfica que consideren portadora de un mensaje ideológico inaceptable.
Mientras la discusión se mantiene activa en redes sociales y escenarios comunitarios, el tema de los grafitis se posiciona como uno de los puntos de tensión dentro del debate político nacional. Por ahora, las intervenciones en muros continúan, reflejando no solo una diferencia estética, sino una profunda disputa por la narrativa pública.
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