Demanda de nulidad tendría en la cuerda floja el decreto del Gobierno Petro para adelantar el cobro de la retención en la fuente

El 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 0572 de 2025, que autoriza al Gobierno nacional a adelantar el cobro de la retención en la fuente correspondiente a 2026, trasladándolo al año en curso. La medida busca aliviar los problemas de liquidez que enfrenta la administración pública y resolver los desafíos financieros actuales.

Un día después de que el Gobierno de Gustavo Petro emitiera el decreto, el Consejo de Estado recibió una demanda que podría poner en riesgo la implementación de esta resolución. La acción legal fue presentada por el coronel retirado Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que argumenta que el decreto vulnera principios constitucionales fundamentales.

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La querella, dirigida contra el presidente de la República, Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), solicita que se declare la nulidad del Decreto 0572 de 2025.

En el documento, Soler argumenta que la medida viola el principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución Política de Colombia. El demandante pide que se suspenda provisionalmente el decreto como medida cautelar, con el objetivo de evitar lo que describe como “afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional”.

El decreto en cuestión, expedido recientemente por el Ministerio de Hacienda, establece un aumento en la tarifa de retención en la fuente para varios sectores económicos y adelanta el pago del impuesto. Según cálculos de Fedesarrollo, esta medida busca recaudar $14 billones, pero también podría impactar significativamente en las finanzas de las empresas. El reclamante sostiene que el decreto modifica elementos esenciales del impuesto, como la base gravable, los rangos de ingreso y las tarifas, además de incluir nuevas categorías de sujetos pasivos sin la debida mediación legal.

En su argumentación, Soler cita el artículo 338 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz solo el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales tienen la facultad de imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Este artículo también especifica que la ley debe definir directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los tributos. Para el demandante, el decreto emitido por el Gobierno Petro contraviene estas disposiciones al redefinir las condiciones de la retención en la fuente y al modificar elementos esenciales del impuesto sin la intervención del Congreso.

“El artículo 338 C.P. señala expresamente: ‘En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los tributos’”, se lee en la misiva.

El Consejo de Estado deberá analizar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida. De ser así, los magistrados iniciarán un estudio detallado del caso, lo que podría derivar en la suspensión o anulación del decreto. Este proceso será clave para determinar si el Gobierno actuó dentro del marco de la Constitución al emitir la medida tributaria.

El senador de Cambio Radical David Luna señaló en sus redes sociales que interpondrá “una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión inmediata de este decreto confiscatorio”.

Bajo la misma línea, la congresista María Fernanda Cabal explicó que el Decreto 0572 de 2025 del Gobierno nacional contiene irregularidades, por lo que debe de ser desestimado el recurso.

“Preparo demanda de nulidad contra este Decreto 0572, del Ministerio de Hacienda, que “expropia” a los empresarios de este país”, escribió la congresista de oposición en su cuenta de X.

De igual forma, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Oscar Villamizar Meneses anunció que radicará una demanda de nulidad al Decreto 0572 del Ministerio de Hacienda que pretende aumentar la tarifa de retención en la fuente para los empresarios y que, obliga a los contribuyentes a pagar un anticipo que se llegaría a convertir en un impuesto de renta.

“Este decreto lo que busca es ahorcar a los empresarios de Colombia y los va a poner a pagar una retención en la fuente del doble o el triple, en tan solo un mes (...) No vamos a permitir que quieran tapar el hueco fiscal de los 12 billones de pesos del presupuesto con el sacrificio de los empresarios.”