Decreto 0572 de 2025, que modifica la retención en la fuente, alerta al transporte: asusta la subida del valor del impuesto

El sector de transporte de carga en Colombia enfrenta un momento de incertidumbre tras la promulgación del Decreto 572 de 2025, el cual incrementa la autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta para las actividades de transporte de carga por carretera y mensajería en un 218%. La decisión del Ministerio de Hacienda, adoptada sin una consulta previa al gremio, eleva el porcentaje de retención del 1,1% al 3,5%, lo que, según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), amenaza directamente la sostenibilidad económica del sector.

Por medio de un comunicado, el gremio que presie Nidia Hernández, expresó que con anterioriad se pidió diálogo con el Gobierno el 25 de abril para exponer argumentos en contra de la medida, pero no recibió respuesta. Según este, la publicación de la norma se da en un momento en el que “el transporte de carga atraviesa una coyuntura crítica, con unos costos operativos al alza, carga tributaria asfixiante y márgenes operativos muy bajos”, situación que llevó a muchas empresas a operar al borde del equilibrio o incluso en pérdida.

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De acuerdo con el documento, el impacto económico de esta norma se suma a un panorama ya complicado. Entre las principales preocupaciones destacan los aumentos en los costos operativos. Desde enero de 2024 hasta abril de 2025, el precio del galón de diésel, que representa el 40% de los gastos del transporte de carga, incrementó 16%. De igual forma, el aumento acumulado del 22% en el salario mínimo entre 2024 y 2025, junto con la reducción de la jornada laboral, elevó los costos de las horas extras en un sector que opera de manera continua.

Además, los peajes subieron 30%, mientras que insumos como repuestos y autopartes fueron mpactados por el dólar alto y los nuevos aranceles impuestos por el Ministerio de Comercio. “Esta presión sobre el flujo de caja pone a las empresas de transporte en una situación insostenible”, señaló la federación.

Otro factor crítico es la regulación del mercado de los fletes. En noviembre de 2024, el Ministerio de Transporte desarrolló un valor mínimo obligatorio para estos, decisión que obliga a las empresas a invertir más capital. A esto se le suma que los transportadores de carga suelen hacer sus pagos en periodos de 45 a 60 días, lo que agudiza aún más los problemas de liquidez.

Colfecar advirtió que se mantienen bajo un “entorno de hiperregulación e inseguridad jurídica”, agravado por normas en trámite que aumentarían aún más los costos de operación, como un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, que busca incrementar los aranceles de insumos clave para el sector.

Además, la inestabilidad se vio intensificada por problemas externos, como los bloqueos en carreteras nacionales y urbanas. Colfecar detalló que, en los últimos 16 meses, se registraron más de 1.101 bloqueos que ocasionaron pérdidas de $6 billones al sector. Además, el gremio denunció problemas de inseguridad en Norte de Santander, Chocó y Cauca, donde los transportadores enfrentan extorsión, paros armados, artefactos explosivos y daños a vehículos, lo que limita la operación a horarios diurnos en estas regiones.

Un aspecto muy preocupante es el impacto sobre propietarios de pequeña escala, que concentran el 97% del parque automotor de carga. La reducción del umbral de ingresos a partir del cual se aplica la retención en la fuente de 4 a 2 unidades de valor tributario (UVT), es decir, de $199.196 a $99.598, golpeó con mucha fuerza su liquidez. Según Colfecar, la medida afecta en mayoría a personas naturales que poseen uno o hasta tres vehículos, que representan el eslabón más vulnerable de la cadena logística.

“Anticipar impuestos por utilidades que dudosamente se van a generar no solo es inviable, sino que acelera el camino hacia la quiebra para muchos transportadores”, aseguró la federación.

Por otro lado, los problemas administrativos también juegan un papel en la delicada situación del sector. El gremio denunció que las empresas de transporte suelen terminar con saldos a favor en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), pero los procedimientos de devolución son muy lentos y complejos, ya que demoran hasta ocho meses. Esto añade otro obstáculo en términos de flujo de caja y capacidad operativa.

Ante esto, reiteró la urgencia de un diálogo con el Ministerio de Hacienda para abordar las implicaciones del Decreto 572. Según el comunicado, el sector transporte ya enfrenta desafíos sin precedentes, como el estancamiento en sectores clave de la economía, como la industria, la minería y la construcción, que redujeron la demanda de transporte.

“Mientras los costos y gastos siguen aumentando, los ingresos para el sector disminuyen, lo que agrava una crisis que está poniendo en jaque la estabilidad del transporte de carga en Colombia” , concluyó la federación.

Por último, Colfecar hizo un llamado urgente al Gobierno para establecer un canal técnico de diálogo que permita revisar las condiciones impuestas y evitar un impacto irreversible en su operatividad económica.