Rosa Yolanda Villavicencio fue confirmada oficialmente como viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que ha generado controversia debido a cuestionamientos sobre su trayectoria y capacidad para asumir las responsabilidades del puesto.
El decreto presidencial 0581 del 28 de mayo de 2025 formalizó el nombramiento de Villavicencio en el cargo de viceministra, posición que implica la gestión de la diplomacia colombiana a nivel internacional.
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Esta designación se produce tras la renuncia de Jorge Enrique Rojas Rodríguez, que ocupaba la misma función hasta finales de enero del presente año, según lo explica el decreto.
A pesar que nombran a Jorge Enrique Rojas Rodríguez, Rosa Yolanda Villavicencio llega como viceministra de Relaciones Exteriores en reemplazo de Daniel Ávila, que renunció en abril de 2025 por “motivos personales”.
La figura del viceministro de Relaciones Exteriores es considerada clave dentro de la estructura del ministerio, ya que tiene a su cargo la dirección y coordinación de las relaciones bilaterales con los países donde Colombia mantiene representación diplomática, incluyendo naciones con peso estratégico como Estados Unidos y China.
Polémicas
Contra ella existen denuncias por presuntos malos manejos de recursos en dos consulados colombianos en España. Estos señalamientos han sido reportados en diferentes instancias, aunque hasta el momento no se conocen avances públicos que aclaren o confirmen estas acusaciones.
Además, su experiencia para desempeñar un cargo con alto nivel de exigencia ha sido puesta en duda. Fuentes cercanas y analistas del sector diplomático han cuestionado si Villavicencio cuenta con el perfil adecuado para liderar un viceministerio que requiere competencias técnicas y estratégicas específicas.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención en el debate público es su limitado dominio de idiomas extranjeros, una habilidad considerada fundamental para quienes manejan las relaciones internacionales.
Según la hoja de vida oficial que aparece en el portal de la Presidencia de la República, Villavicencio tiene un nivel “regular” en inglés, y no habla un segundo idioma, situación que resulta inusual para el puesto que asumirá.
La trayectoria de Villavicencio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado vinculada principalmente a funciones internas. Ha trabajado en el Fondo Rotatorio del Ministerio, un área encargada de la administración de recursos para la cooperación internacional, y también ha desempeñado roles de asesoría en el mismo organismo.
Asimismo, coordinó el programa ‘Colombia Nos Une’, una iniciativa destinada a fortalecer los lazos de los colombianos residentes en el exterior con su país de origen. Este proyecto busca facilitar la vinculación de estas comunidades a través de programas sociales, culturales y de apoyo, una labor que ha sido destacada en el ámbito interno del ministerio.
En 2024, la Procuraduría General de la Nación adelantó una investigación disciplinaria en su contra, según informó el medio Colexret.
El expediente (IUS E-2023-229517) buscaba establecer si, desde su cargo en la Cancillería, Villavicencio incurrió en posibles conflictos de interés al favorecer con subvenciones o contratos a la ONG Aesco, de la cual es fundadora y fue secretaria general entre 2016 y 2022.
La investigación, aunque no derivó en una sanción pública conocida, generó críticas sobre la transparencia en el manejo de recursos y la gestión migratoria.
Villavicencio fue nombrada asesora mediante resolución 8363 del 3 de noviembre de 2022, firmada por el entonces canciller Álvaro Leyva.
En abril de 2024, participó en la firma de la Resolución 2996 que reglamenta la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, en cumplimiento de la Ley 1465 de 2011.
Aunque presentado como un avance, el proceso llega con 13 años de retraso y con antecedentes de intentos fallidos, como el encuentro de 2016 que, según Colexret, reunió propuestas de organizaciones de la diáspora —incluida Aesco— que nunca fueron implementadas.
La gestión de Colombia Nos Une ha sido objeto de elogios y cuestionamientos.
Aunque se reconocen ciertos logros del programa, persisten dudas sobre su capacidad para abordar de manera integral las necesidades de los colombianos en el exterior.
La Ley 1565 de 2012, conocida como la Ley Retorno, también ha sido criticada por su limitada efectividad.
Según testimonios recogidos por el medio mencionado, muchos colombianos que consideran regresar al país enfrentan barreras significativas, como la dificultad para acceder a un seguro de salud adecuado, lo que hace que el retorno sea inviable para una gran parte de la diáspora.
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