Gustavo Petro propuso aplicar una ‘indulgencia’ para ladrones de celulares: en qué consiste

Durante el Consejo de Ministros realizado el martes 27 de mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro lanzó una nueva propuesta que ha causado revuelo en el país.

Se trata de la posibilidad de otorgar la figura de indulgencia a quienes hayan cometido delitos menores en el país, como es el caso de los ladrones de celulares, bajo el marco de la justicia restaurativa.

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En medio de la reunión, el mandatario explicó que esta política busca priorizar la reparación a las víctimas por encima del castigo penal tradicional, lo que marcaría un cambio significativo en el enfoque judicial del país.

“Entonces un ladrón se robó un celular, pero el ladrón devuelve el celular, pues entonces tiene una indulgencia. Porque lo primero es que se restaure a la víctima”, expresó el jefe de Estado.

Además, el presidente Petro aseguró que este modelo se enfocaría en que los responsables de delitos asuman su responsabilidad, reparen el daño causado y, en última instancia, beneficien a las víctimas.

“Lo que importa es que se restaura a la víctima. Que es la indemnización a las víctimas, pero no se está haciendo porque los jueces tienen eso guardado en los escritorios porque falta una jurisdicción especial agraria que es acordado en el proceso de paz y que se está incumpliendo en este momento por el Congreso de la República”, indicó el mandatario.

Del mismo modo, Petro sostuvo: “Es una fase muy diferente a la penal de la Corte Suprema de Justicia en alguna reunión que hicimos, que es que la reforma a la justicia hoy debe pasar a una fase muy diferente, que es lo que se llama justicia restaurativa”.

A su vez, el presidente comparó este enfoque con el modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha sido implementado en el país para abordar los crímenes relacionados con el conflicto armado.

“Aclaro, la JEP es justicia restaurativa. Nosotros queríamos que toda la justicia fuera como la JEP. Es decir, que no se trata de castigar y condenar metido en una cárcel, sino que se trata de que se diga la verdad, en primer lugar, y se restaure a la víctima. La verdad es el objetivo de cualquier proceso judicial de cualquier tipo”, declaró.

Incluso, el mandatario puso de ejemplo el caso de Daneidy Barrera, conocida popularmente como EPA Colombia, que fue condenada a pagar más de cinco años de prisión en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, por el delito de incitación al terrorismo, tras los desmanes que protagonizó en una estación de Transmilenio del sur de la capital del país durante las protestas de 2019.

“Aquí hablando de Epa, a propósito, pues si ella restauró, yo supongo que la ley le debe servir, ¿cierto? Porque ya restauró. Lo que se trata es que restaure”, comentó.

Las declaraciones del presidente se dieron luego de que en el Congreso de la República se aprobara en último debate la reforma a la Justicia, que busca simplificar y agilizar los procesos judiciales, además de fortalecer la protección de los derechos de las víctimas.

En la plenaria del martes 27 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes aprobó en último debate, y de manera unánime, el proyecto de reforma al sistema penal acusatorio, una iniciativa que busca transformar el panorama judicial del país al simplificar los procesos legales y reforzar la protección de los derechos de las víctimas.

La iniciativa, impulsada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, obtuvo 96 votos a favor y ningún voto en contra. No obstante, algunos congresistas decidieron abstenerse de participar en la votación debido a investigaciones en curso en su contra por parte de la Corte Suprema. Estos legisladores argumentaron que su decisión buscaba garantizar la transparencia del proceso.

Durante la sesión, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila Roldán, destacó que esta iniciativa fortalecerá la administración de justicia en el país. Mientras que el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, subrayó la relevancia del proyecto al señalar que permitirá una mayor eficiencia en los procesos judiciales y un mejor acceso a la justicia para los colombianos.

De acuerdo con la iniciativa, se incluye la indemnización integral a las víctimas, que busca que los delitos relacionados con homicidios culposos o lesiones personales puedan ser reparados de manera más efectiva, con la posibilidad de que el agresor asuma directamente los daños causados.

Además, la reforma plantea la justicia premial y el fortalecimiento del principio de oportunidad, que consiste en que se ampliarán los beneficios de rebaja de pena para aquellos que colaboren en el esclarecimiento de los hechos, admitiendo su responsabilidad.

Asimismo, se proponen ajustes en las funciones del juez de control de garantías, en términos de las apelaciones, por lo que estas deberán ser revisadas por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá cuando el juez de control de garantías sea el encargado del caso.

El proyecto pasó a conciliación entre Senado y Cámara de Representantes, y posteriormente, de llegar a ser avalado, será sancionado por el presidente de la república.