Las marchas, que se realizan entre este miércoles, 28 de mayo, y jueves, 29 de mayo, tienen como objetivo principal respaldar la propuesta de la polémica consulta popular que actualmente cursa en el Congreso.
Las movilizaciones confluirán en puntos clave como la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y otras zonas céntricas de ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
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En ese sentido, de acuerdo con información publicada por El Tiempo, las autoridades locales han desplegado dispositivos de seguridad para salvaguardar tanto el derecho a la manifestación como la tranquilidad de quienes no participen.
En Bogotá, la Personería reiteró la obligación institucional de proteger a todos los ciudadanos.
“Los agentes municipales del Ministerio Público deben trabajar en todo el territorio nacional para que nadie sea violentado por ejercer ese derecho, y para que el Estado proteja a quienes protestan y a quienes no lo hacen”, comunicó la Personería.
“La #PersoneríaDeBogotá invita a todos los personeros y personeras municipales del país a activar sus capacidades para actuar preventivamente, de manera que este 28 y 29 de mayo se garanticen movilizaciones ciudadanas que sigan el cauce constitucional y democrático. Y convoca a los organizadores a actuar con responsabilidad en medio de la coyuntura. Desde el Ministerio Público se insiste en el diálogo, antes que la fuerza y en la razón, antes que la violencia”, fueron las palabras de Andrés Franco Castro, personero de la capital.
Mientras tanto, las medidas varían según la ciudad. En Cartagena, por ejemplo, el alcalde Dumek Turbay ordenó la suspensión de clases, aunque la administración pública funcionará con normalidad.
En Cali, el alcalde Alejandro Eder expresó su intención de evitar que se repitan episodios de violencia como los ocurridos en 2021: “Sé que el ambiente está caldeado […] vamos a demostrar una vez más a Colombia y al mundo que podemos convivir pacíficamente, en medio de nuestras diferencias”.
Las movilizaciones tampoco excluyen a Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez fue directo al responsabilizar al Gobierno Nacional por cualquier desorden que pudiera presentarse.
“Lo que quieren desde el Gobierno Nacional es incendiar las ciudades […] si llega a pasar algo en Medellín, es responsabilidad del presidente Petro y del Gobierno Nacional por incitar al odio y por incitar a la violencia”, dijo.
También el presidente del Concejo de Cali, Edison Lucumi, se sumó al llamado a la tranquilidad.
“Hacemos un llamado a la cordura, al respeto mutuo y al buen comportamiento tanto de quienes marchan como de quienes no participan”, comentó, citado por el diario nacional.
El llamado de las autoridades a movilizaciones pacíficas
En contraste, voces del gobierno local y regional han abogado por la tolerancia y la convivencia. Información compilada por el diario El Tiempo incluyó la solicitud del gobernador de Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, que permitió a los empleados públicos participar en las marchas si así lo desean, pero manteniendo la jornada administrativa con normalidad.
De la misma manera sucedió en Barranquilla, donde las autoridades alistaron cabildos abiertos y movilizaciones desde las 9:00 a. m., e hicieron énfasis en el respeto por la institucionalidad, pese a que en los canales oficiales de información no se ha publicado nada al respecto.
Los empresarios difieren de la iniciativa de las movilizaciones
En contraposición, el sector empresarial ha sido uno de los más críticos frente al paro. Como ha insistis Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, cuestionó duramente el objetivo de las movilizaciones.
“El país exige respuestas, no desvíos de atención con movilizaciones políticas”. Según Cabal, las marchas son “una cortina de humo” para tapar escándalos de corrupción y presionar al Congreso a aprobar una consulta que calificó como “inconveniente”.
En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, expresó preocupación por el impacto de estas jornadas en un contexto de polarización creciente.
“Pareciera que les importa más la activación y la agitación en las calles que la solución a los problemas que ellos pretendían arreglar”, dijo.
Mientras tanto, en Bogotá, el sector educativo a través de la Secretaría de Educación de Bogotá pidió que se respeten tanto el derecho a la protesta como el derecho a la educación, instando a encontrar fórmulas que armonicen ambas garantías.
Los colegios públicos y privados de la capital funcionarán normalmente, aunque se espera impacto en la movilidad.
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