Efraín Cepeda anunció contraofensiva a la intención de Gustavo Petro de convocar por decreto la consulta popular: confirmó medidas

En un nuevo capítulo de la ofensiva entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el titular del Congreso, Efraín Cepeda, por cuenta del trámite de la hundida consulta popular 1.0, el senador conservador anunció el miércoles 28 de mayo cuál sería la decisión que se tomaría frente al anuncio del jefe de Estado, que dejó en claro que, en vista de que según él el cuerpo legislativo no ha emitido un concepto en firme sobre el mecanismo de participación ciudadana, convocaría a los colombianos a las urnas desde el 1 de junio de 2025.

Cepeda, que insistió en que las posiciones del primer mandatario serían una afrenta a la Constitución, toda vez que en el legislativo ya se le dio trámite a la propuesta que se radicó por el gobernante, anticipó que estaría dispuesto a ir al Consejo de Estado para que sea este alto tribunal, que ha tomado varias determinaciones contrarias a los intereses del Ejecutivo, el que defina la legalidad del procedimiento. Lo anterior, frente a los señalamientos de Petro, que ha esbozado la teoría según la cual se violó la Ley 5 de 1992.

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“Es una violación a la autonomía de los poderes públicos. No solamente el legislativo, sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo, debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo. Si ellos quieren hacerlo, pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que le tumban eso, por arbitrarios”, dijo Cepeda, que defendió con ello la legalidad de la votación del 14 de mayo, que hundió la consulta por votación de 49 a 47.

Es válido precisar que, a la par de esta especie de desconocimiento a lo votado por la plenaria, alegando que, según la referida normativa (Ley 5), en su artículo 125, y el artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, precisan dos aspectos: en el primero, que para ser válida la jornada en la que se desestimó la consulta, debió leerse la debida proposición; y, segundo, que en vista de que el legislativo no se pronunciaría sobre la consulta -teniendo en cuenta de que la votación haya sido inválida- será Petro el que pueda convocar por decreto la misma.

En el Consejo de Ministros del martes 27 de mayo de 2025, el primer mandatario de los colombianos se refirió a la “jugadita” que, según él, llevó a cabo Cepeda para hundir la consulta popular: convocatoria con la que pretendía poner a consideración del pueblo algunos de los cambios que quiere hacer el régimen laboral colombiano; pese a que, de acuerdo con los señalamientos de sectores contrarios, como el Centro Democrático y Cambio Radical, entre otros, lo que busca son millonarios recursos para hacer campaña.

“Ahora, efectivamente, el senador, presidente del Senado, el señor Cepeda, Efraín Cepeda, por su afán de dañar la consulta popular, no leyó que era lo que estaban votando los parlamentarios. Se le pasó, se le olvidó (decir): ‘señor secretario, léale a la plenaria en qué consiste la siguiente votación’”, dijo Petro a su gabinete y los colombianos que seguían, a esa hora, la trasmisión. “Puso a votar a la gente sin saber qué votaban. Eso está prohibido por la ley quinta. Es decir, no se votó un concepto previo, ni a favor ni en contra”, agregó.

Teniendo en cuenta estas declaraciones, es claro que Petro no reculará en su idea de convocar la consulta. “Ya entraron a decir que soy un dictador, que no sé qué, eso es lo que dice la ley. Para qué son brutos ¿Por qué son tramposos? El senador, y tengo que decirlo así, porque es una trampa lo que han hecho contra el pueblo”, remarcó el jefe de Estado en su intervención, con la que salió a atacar a Cepeda; el mismo que, en respuesta, parece haber marcado el camino de la mencionada consulta.

Es válido decir que el Consejo de Estado ya aceptó estudiar una acción de tutela presentada contra la Presidencia y la Secretaría del Senado, tras los hechos ocurridos el 14 de mayo durante la votación de la consulta popular del Gobierno. El recurso fue interpuesto por un ciudadano que consideró que el procedimiento empleado para votar la consulta impidió el ejercicio legítimo de participación política; y frente a esto se ordenó que, en un plazo de tres días a partir de la notificación, entreguen un informe sobre lo acontecido.