Denuncian montaje y tortura policial contra madre e hija colombianas detenidas en Valencia, España

Luego de que se conociera públicamente la brutal agresión y detención de Laylí Colorado Rodríguez, una mujer colombiana de 26 años, y su madre, Leyla Rodríguez Cortés, el 17 de mayo en la ciudad de Valencia, España, el Colectivo Justicia Racial emitió un comunicado en el que denuncio nuevos hechos relacionados con el caso.

El incidente ocurrió en la calle San Vicente, cuando agentes de la Policía Nacional de España atendieron un llamado por una supuesta amenaza con arma blanca en un restaurante.

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Durante la intervención, dos mujeres —que no estaban involucradas en el hecho inicial— se acercaron tras presenciar lo que describieron como un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes contra dos jóvenes esposados. Una de ellas era Laylí Colorado, que caminaba junto a su hijo de tres años, diagnosticado con autismo.

Según el Colectivo Justicia Racial, la joven fue abordada por los uniformados sin motivo claro. “Los agentes le exigieron identificarse sin razón aparente. Al ejercer su derecho a la resistencia, la respuesta por parte de los policías fue inmediata y desproporcionada: la empujaron contra un coche, la arrojaron al suelo, la golpearon y la esposaron, todo esto frente a su hijo, quien se quedó solo y en estado de pánico”.

El testimonio de Laylí, recogido por el medio español eldiario.es, señala que se negó a identificarse porque no había cometido ninguna falta. “Me negué a identificarme porque no había hecho nada”, afirmó, y agregó que fue “tirada al suelo y golpeada con la porra”.

El escándalo no terminó con su detención. Al escuchar los gritos, su madre, su padre y dos amigos descendieron de un domicilio cercano para auxiliarla. También fueron agredidos por los agentes, según el colectivo, “con bolillos, patadas, inmovilización y detención”, pese a no haber mostrado resistencia alguna. Parte de estos hechos quedaron grabados en video y circulan ampliamente en redes sociales.

Una vez en la comisaría, la situación se agravó. El colectivo denunció que Laylí fue llevada a una celda sin cámaras de videovigilancia, donde “fue golpeada y amenazada brutalmente por al menos ocho agentes de la policía”, quienes le dijeron frases como: “Esto es para que respetes el uniforme, ¿te ha quedado claro o quieres que te lo aclare de nuevo?”.

Su madre, Leyla Rodríguez Cortés, que padece hipertensión, fue mantenida esposada durante horas sin acceso al baño, lo que derivó en una crisis hipertensiva cuando escuchó los gritos de su amigo Giovanni Hoyos, presuntamente también torturado en las celdas, según el colectivo.

Por su parte, el informe policial sostiene que las mujeres increparon a los agentes y alteraron el orden público. Asegura que Laylí se negó a identificarse, empujó a un agente y lo golpeó en el cuello, motivo por el cual fue detenida “con la fuerza mínima imprescindible”. Las autoridades sostienen que actuaron conforme al protocolo, aunque admiten que se abrió una investigación interna.

A pesar de no estar vinculadas con el incidente inicial del restaurante, tres integrantes de la familia fueron denunciados por “atentado contra la autoridad”. Para el Colectivo Justicia Racial, esto constituye un intento de criminalización para encubrir el abuso: “Dicha respuesta institucional busca desviar la atención, proteger a los responsables y revictimizar a personas inocentes”.

La gravedad de los hechos llevó al Gobierno colombiano a reaccionar de inmediato. El 22 de mayo, la Cancillería envió una nota diplomática al Gobierno español exigiendo explicaciones, y activó los protocolos de asistencia consular. El embajador en Madrid, Eduardo Ávila, y la cónsul encargada en Valencia se pusieron en contacto con los afectados. Además, se estableció un diálogo con la Comisaría de Distrito y el Ayuntamiento de Valencia.

También se organizó una reunión entre familiares de las víctimas y el asesor jurídico del consulado para orientar sobre los mecanismos de denuncia habilitados por las autoridades locales.

El Colectivo Justicia Racial exigió al Estado una postura firme frente a este caso, que consideran “una cuestión de derechos humanos, de dignidad nacional y de coherencia con los compromisos internacionales del país”. Solicitan que se active el marco diplomático y jurídico de protección de connacionales en el exterior, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

“Desde el Colectivo Justicia Racial estamos acompañando el caso y hacemos un llamado urgente al Gobierno de Colombia, al presidente Petro, a la canciller Laura Sarabia, la Embajada de Colombia en España y al Consulado General en Valencia, para que asuman con responsabilidad y celeridad la protección integral de los derechos de la familia Rodríguez Colorado, víctimas de violencia policial y, por ende, del Estado español”, dijo Alí Bantú, activista y director del colectivo.