Definida la lista de candidatos para integrar la Sección Tercera del Consejo de Estado

El Consejo Superior de la Judicatura culminó el proceso de selección para conformar la lista de aspirantes que buscan ocupar una vacante como magistrado o magistrada en la Sección Tercera del Consejo de Estado, una de las salas más relevantes del alto tribunal en Colombia, encargada de asuntos de responsabilidad del Estado y contratación pública, entre otros temas sensibles para el país.

El órgano encargado de la administración de la Rama Judicial definió un listado integrado por diez profesionales del derecho, todos con trayectoria reconocida en el ámbito jurídico y con experiencia en diversas áreas del sector público y privado.

Este paso forma parte del procedimiento establecido para el relevo de magistrados en las altas cortes, en el que se evalúan méritos, formación académica y desempeño profesional.

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Los nombres incluidos en la lista son: Alessia Isabel Abello Galvis, Blanca Raquel Cárdenas, Luis Ramiro Escandón Hernández, Diego Enrique Franco Victoria, Ciro Nolberto Guecha Medina, José Élver Muñoz Barrera, Ilia Marina Obando de Torres, Sandra Lucía Ojeda Insuasty, Gonzalo Suárez Beltrán y Luisa Alexandra Torres Acosta.

Esta selección no implica aún la designación definitiva del nuevo integrante del Consejo de Estado, pero sí constituye una etapa clave del proceso.

Ahora, corresponde al propio Consejo de Estado, en ejercicio de su autonomía, realizar la elección del candidato o candidata que ocupará el cargo vacante en la Sección Tercera.

El procedimiento responde al principio de mérito y busca fortalecer la transparencia en la conformación de las altas cortes del país. La decisión final deberá considerar, entre otros aspectos, la idoneidad profesional, el conocimiento del derecho administrativo y la solvencia ética de los aspirantes.

La Sección Tercera del Consejo de Estado desempeña un papel determinante en el control de la legalidad de las actuaciones de la administración pública y en la reparación de los daños causados por el Estado. La vacante que se busca suplir tendrá implicaciones significativas para el futuro de múltiples procesos en curso y para el desarrollo jurisprudencial del país.

La Directiva Presidencial 11 de 2024, que establece la obligación de asignar al menos un 30 % de la pauta publicitaria del Estado a medios alternativos, comunitarios y digitales, será objeto de revisión judicial. El Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona su legalidad y posible inconstitucionalidad.

La acción fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (Fede), una organización que sostiene que la medida, implementada desde 2025, desconoce normas básicas de contratación pública y podría afectar principios como la libre competencia, la selección objetiva y la planeación en el uso de recursos públicos.

Según la Fundación, el principal cuestionamiento gira en torno al carácter obligatorio del porcentaje fijado en la directiva, lo cual —argumentan— no está contemplado por la legislación vigente sobre publicidad estatal. Desde su perspectiva, si bien la medida busca propiciar una mayor pluralidad informativa y facilitar el acceso de actores comunicativos tradicionalmente excluidos, su diseño y aplicación se apartan de los marcos legales que rigen el manejo del presupuesto público.

Otro de los puntos señalados por la organización demandante es la ausencia de una definición precisa sobre qué se entiende por “medios alternativos”. En su concepto, esta ambigüedad podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias o favorecer a determinados sectores, contradiciendo el objetivo de diversificar las voces en el ecosistema mediático.

El Consejo de Estado deberá evaluar si esta directiva presidencial se enmarca dentro de las facultades reglamentarias del Ejecutivo o si representa una extralimitación que impacta negativamente la asignación equitativa de la pauta estatal. El alto tribunal también examinará las implicaciones que tendría este lineamiento en el acceso a la información por parte de la ciudadanía, así como en las dinámicas de contratación del Estado con medios de comunicación.

La revisión judicial pone bajo la lupa una de las apuestas comunicacionales más simbólicas del gobierno del presidente Gustavo Petro, en su intento por reconfigurar la distribución de la pauta oficial. Mientras sectores cercanos al Ejecutivo defienden la medida como un paso hacia una mayor equidad informativa, otros advierten sobre el riesgo de concentración de recursos, falta de claridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales.

La admisión de esta demanda abre un nuevo capítulo en el debate sobre la relación entre Estado y medios de comunicación, un terreno en el que convergen intereses políticos, principios democráticos y tensiones sobre la gestión transparente de los recursos públicos.