La Fiscalía General de la Nación informó que luego de aceptar su participación en 141 hechos criminales y someterse a sentencia anticipada, el exjefe del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El ente acusador precisó que un juez penal especializado de Bucaramanga (Santander) lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, desplazamiento forzado, tortura en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, acceso carnal violento, secuestro simple agravado, reclutamiento ilícito y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil.
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La Fiscalía precisó que a alias Macaco le fue negado la suspensión condicional de la pena, así como el beneficio de prisión domiciliaria, motivo por el cual que tendrá que permanecer privado de la libertad en establecimiento carcelario.
“Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, dan cuenta de que el exjefe paramilitar ordenó y tuvo pleno conocimiento de los actos ilícitos cometidos por las estructuras armadas a su cargo en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander”, indicó el ente acusador.
En ese sentido, se acreditaron 237 víctimas de un plan sistemático promovido por alias Macaco y otros cabecillas de las AUC para asesinar, desaparecer y desplazar a toda persona que se oponían a su actuar delictivo, entre 2000 y 2005.
La Fiscalía dio a conocer algunos de los crímenes aceptados y que motivaron la sentencia del exjefe paramilitar que son:
- Homicidio del concejal de Barrancabermeja (Santander), Héctor Mantilla Rodríguez, cometido el 11 de agosto de 2000.
- Homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, perpetrado el 27 de abril de 2001, en Tumaco (Nariño).
- Homicidio del periodista Eduardo Estrada Gutiérrez, sucedido el 16 de julio de 2001 en San Pablo (Sur de Bolívar).
- Homicidio del investigador del CTI Orlando Torres Losada, ocurrido el 19 de septiembre de 2002, en Florencia (Caquetá).
- Homicidio de los integrantes de la Unión Patriótica (UP), Arsenio Paloma y Oleider Paloma Viuche, perpetrado el 26 de marzo de 2002, en La Montañita (Caquetá).
- Desplazamiento forzado de los residentes de la hacienda Las Pavas, en el Sur de Bolívar. Hecho conocido en septiembre de 2003.
De igual manera, alias Macaco reconoció que el bloque del que fue cabecilla recurrió a la violencia de género para generar intimidación y someter a las comunidades. En ese sentido, aceptó casos como:
- Acceso carnal violento, secuestro y desplazamiento forzado de una mujer en San Martín de Loba (Bolívar), el 6 de junio de 2000.
- Homicidio de las hermanas Yenny Patricia, Mónica Liliana, Nelsy Milena y María Nelly Galárraga Meneses, asesinadas en Putumayo el 1 de enero de 2001.
- Abuso sexual a una joven en Barrancabermeja (Santander), el 14 de julio de 2002.
- Tortura, acceso carnal violento y desplazamiento forzado de una mujer en San Pablo (Bolívar), el 5 de noviembre de 2004.
Recientemente, en la implementación de la reforma agraria, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) avanzó en la reparación de víctimas del conflicto armado con la entrega de tierras a la población campesina de Cáceres (Antioquia). De acuerdo con el director de la entidad, Felipe Harman, la población recibió 1.700 hectáreas de tierra que pertenecieron a los paramilitares.
Los predios entregados eran del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, que lideró el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según el director de la ANT, en años anteriores, las tierras que hoy son propiedad de los campesinos eran utilizadas para la planeación del avance de los paramilitares en el Bajo Cauca antioqueño. No obstante, tras décadas de violencia, las víctimas podrán hacer un uso productivo de los predios con la producción de arroz, yuca, ñame y plátano.
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