La multinacional estadounidense Chiquita Brands, reconocida por su liderazgo en la exportación de banano, presentó una apelación para revertir un fallo que la condena a pagar una millonaria indemnización a víctimas del conflicto armado en Colombia.
Según informó El Espectador, la empresa busca que la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo de Estados Unidos reconsidere su responsabilidad en los hechos relacionados con la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar al que Chiquita admitió haber entregado hasta 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004.
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El fallo inicial, emitido en junio de 2024 por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, determinó que los pagos realizados por Chiquita a las AUC estaban vinculados con homicidios y otros actos de violencia en las regiones de Urabá y el Magdalena Medio.
Esta conexión se basó en la aceptación de la empresa, a principios de la década de 2000, de haber financiado a la organización paramilitar, considerada una agrupación terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
En 2007, Chiquita fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares por este motivo. Desde entonces, víctimas del conflicto han presentado demandas individuales en busca de justicia y reparación.
En su apelación, redactada por la firma Blanck Rome, Chiquita argumenta que los pagos realizados a las AUC no fueron voluntarios, sino producto de extorsiones.
Según la empresa, sus operaciones en Colombia quedaron atrapadas en medio de la lucha territorial entre guerrillas y paramilitares, así como en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
La multinacional asegura que, tras consultar con abogados especializados en derecho internacional y firmas de seguridad, decidió realizar los pagos para proteger la vida de sus empleados, especialmente después de que 25 trabajadores de su filial Banadex fueran asesinados por las Farc en 1995.
El documento presentado por Chiquita también señala que, en 1997, los líderes paramilitares Carlos Castaño y Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, amenazaron de muerte al gerente de Banadex, Charles Keiser, exigiendo pagos regulares bajo amenaza de declararlo objetivo militar.
Entre 1997 y 2004, la empresa realizó pagos anuales promedio de 212.500 dólares a las AUC, lo que, según Chiquita, representaba menos del 0,04% de sus ingresos anuales.
Sin embargo, el jurado que emitió el fallo inicial concluyó que la empresa era plenamente consciente de las actividades criminales de las AUC y que su apoyo financiero contribuyó a un “riesgo previsible de daño”.
Además de cuestionar la conexión directa entre los pagos y los homicidios, Chiquita Brands solicitó que la Corte de Apelaciones examine pruebas que, según la empresa, demostrarían irregularidades en el proceso judicial.
En particular, acusa al abogado Terrance Collingsworth, representante de varias víctimas, de haber comprado testimonios a favor de sus clientes.
Según la multinacional, Collingsworth habría entregado dinero a los exparamilitares “Pedro Bonito” y José Lugo Mangones, alias Carlos Tijeras, para obtener declaraciones que incriminaran a Chiquita.
Estas acusaciones se basan en parte en declaraciones de Pedro Bonito, que afirmó que los pagos de la empresa no fueron extorsiones, sino contribuciones voluntarias.
En respuesta a estas acusaciones, Collingsworth reconoció que enfrenta una denuncia en Colombia por presunto soborno a testigos, pero ha negado haber cometido irregularidades.
Según declaró en una entrevista con El Tiempo, los pagos realizados estaban destinados únicamente a cubrir gastos de viaje y facilitar el contacto con los testigos y sus abogados.
Por su parte, varios bufetes de abogados que representan a las víctimas anunciaron que presentarán memoriales de respuesta a la apelación de Chiquita, defendiendo la validez del fallo inicial y la indemnización ordenada.
La cifra exacta de la indemnización no fue revelada por El Espectador para proteger a las víctimas, pero Chiquita la considera desproporcionada, argumentando que supera entre 40 y 50 veces lo que las víctimas podrían haber recibido en tribunales colombianos.
Los abogados de las víctimas, sin embargo, sostienen que la empresa está intentando desviar la atención y desacreditar el proceso judicial con teorías infundadas sobre la compra de testigos.
La decisión de la Corte de Apelaciones será crucial no solo para este caso, sino también para los múltiples juicios pendientes contra Chiquita Brands relacionados con su presunta financiación de grupos armados en Colombia.
El fallo marcará un precedente importante en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado y en la responsabilidad de las empresas internacionales que operan en zonas de conflicto.
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