Ricardo Munar Fernández, quien había estado prófugo de la justicia desde 2019, fue capturado recientemente en el departamento de Boyacá y trasladado a la cárcel de Moniquirá.
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El detenido aceptó cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, en el marco de una investigación que lo vincula con una red de lavado de activos que habría superado los setecientos mil millones de pesos, según lo informó Caracol Radio.
Este caso es considerado uno de los mayores esquemas de blanqueo de capitales en la historia de Colombia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Munar Fernández era un colaborador cercano de Alberto Aroch Mugrabi, empresario señalado como líder de una sofisticada estructura delictiva que operaba mediante empresas fachada, además de tener vínculos con el paramilitarismo en Colombia.
Estas compañías, entre las que se encuentran Moda Sofisticada, Vital Jeans y Proyectos y Desarrollos, habrían simulado exportaciones y realizado operaciones de contrabando entre los años 2001 y 2014.
Según el ente acusador, estas actividades permitieron el incremento patrimonial ilícito de los involucrados, quienes utilizaban estas empresas para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilegal.
El caso de Munar Fernández no es nuevo. En agosto de 2019, el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el procesado permaneció prófugo hasta su reciente captura en febrero de 2025, misma que no fue difundida ni comunicada hasta la noche del 27 de mayo, cuando las autoridades confirmaron su judicialización.
Su detención se produjo en medio de un prolongado silencio por parte de las autoridades, lo que generó cuestionamientos sobre la demora en su aprehensión.
El entramado criminal fue descrito en detalle por la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo reciente negó la casación interpuesta por Munar Fernández para intentar quedar exonerado de los cargos.
Según el fallo, el procesado, junto con otros implicados, desempeñó roles clave en las juntas directivas de las empresas fachada, donde se detectaron irregularidades económicas, patrimoniales y financieras. La Corte calificó la operación como una “sofisticada empresa delictual” diseñada para lavar activos y ocultar el origen ilícito de los recursos.
El magistrado Diego Corredor, ponente del fallo, señaló que las empresas involucradas carecían de la capacidad económica para justificar los movimientos financieros detectados.
Además, el documento judicial destacó que las actividades ilícitas incluyeron la simulación de exportaciones y el contrabando, lo que permitió a los responsables obtener incrementos patrimoniales significativos.
A pesar de que Munar Fernández y Alberto Aroch Mugrabi estaban vinculados en el mismo expediente, en abril de 2017 se produjo una ruptura procesal. Mientras Munar aceptó los cargos en su contra, Aroch negó su responsabilidad en las exportaciones ficticias, aunque sí admitió parte de las imputaciones.
Según La W Radio, la Fiscalía considera a Munar una pieza clave en la estructura delictiva, debido a su papel como presidente, gerente y asistente financiero en las empresas fachada.
El ente acusador ha señalado que el esquema criminal operaba mediante la creación y utilización de compañías que simulaban actividades legales para justificar el ingreso de grandes sumas de dinero.
En palabras de la Fiscalía, “el incremento patrimonial ilícito fue generado por la creación y utilización de empresas”, lo que se ajusta a la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Mónica Aroch Avellaneda, también vinculada a las empresas fachada, ha sido mencionada en la investigación como otra de las responsables de las operaciones fraudulentas. Según los informes judiciales, tanto ella como Alberto Aroch Mugrabi eran propietarios de las compañías utilizadas para las actividades ilícitas.
Actualmente, Ricardo Munar Fernández permanece detenido mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. En paralelo, el caso principal contra Alberto Aroch Mugrabi sigue en curso, aunque existe la posibilidad de que sea archivado, según reportó Caracol Radio.
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