Más de 18 ciudadanos colombianos permanecen detenidos en Venezuela, principalmente en la cárcel El Rodeo, ubicada en las afueras de Caracas, bajo acusaciones que incluyen presuntos actos contra el régimen de Nicolás Maduro, porte de armas y mercenarismo.
Según informó la Cancillería colombiana, se están llevando a cabo gestiones para garantizar el respeto a los derechos procesales de estas personas y, en ciertos casos, se podría solicitar su liberación.
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El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo, lidera las acciones diplomáticas relacionadas con este caso y mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas.
Aunque inicialmente había señalado que la Cancillería no podía intervenir en las decisiones judiciales de Venezuela, el miércoles 28 de mayo afirmó que, en situaciones específicas, se podría exigir la liberación de los detenidos.
Jaramillo declaró que “nosotros nos hemos comprometido con los familiares a plantearles todos los escenarios posibles, incluso en términos de instancias internacionales, para acompañarlos y estar con ellos en el camino que ellos decidan”.
El funcionario también subrayó el compromiso de la Cancillería de velar por que se respeten las garantías y derechos procesales de los colombianos detenidos, sin excepciones.
Según consignó la Cancillería, estas acciones incluyen el acompañamiento a los familiares de los detenidos y la exploración de mecanismos internacionales que puedan ser utilizados en su defensa.
“Nosotros, como Cancillería, estamos comprometidos a que a todas estas personas les sean respetadas —en todos los casos y sin ninguna excepción— las garantías y los derechos procesales, y en los casos donde aplique, vamos a empezar a exigir su liberación”, dijo el vicecanciller en declaraciones emitidas a través de un video publicado en la cuenta de X de la Cancillería.
La cárcel El Rodeo, donde se encuentran la mayoría de los detenidos, es conocida por albergar a personas acusadas de delitos graves en Venezuela.
Las acusaciones contra los colombianos incluyen actividades que supuestamente atentan contra el régimen de Maduro, aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre las pruebas que sustentan estas imputaciones.
La situación de los colombianos detenidos en Venezuela ha generado preocupación entre sus familiares, que solicitaron apoyo del Gobierno colombiano para garantizar un proceso justo y transparente.
Así mismo, el Gobierno nacional intensificó sus esfuerzos para garantizar los derechos de los ciudadanos colombianos detenidos o retenidos en Venezuela, según informó la Cancillería colombiana.
En este contexto, se han llevado a cabo tres acciones clave con el objetivo de proteger a estos connacionales y asegurar que se respeten sus derechos procesales. Estas medidas incluyen reuniones con los familiares de los detenidos, la definición de estrategias específicas y el mantenimiento de un diálogo constante con el Gobierno venezolano.
“En primer lugar, hemos mantenido una tercera reunión con los familiares de estas personas. Nuestro compromiso con ellos es que vamos a mantener un canal de diálogo abierto y constante. En segundo lugar, y se desprende precisamente de esa reunión que tuvimos con ellos, hemos definido tres líneas de acciones. Algunas de esas acciones por protección de las personas no las podemos dar a conocer, pero no cejamos, No cedemos en nuestro empeño de que todos los derechos y las garantías para esos connacionales en el exterior sean respetados”.
“En tercer lugar, mantenemos una comunicación activa, abierta con el Gobierno de Venezuela para que los derechos procesales de los colombianos en el exterior sean respetados”, agregó el vicecanciller.
Durante este encuentro, se discutieron las preocupaciones de los familiares y se establecieron tres líneas de acción para abordar la situación.
En paralelo, el Gobierno ha mantenido una comunicación activa con las autoridades venezolanas para insistir en el respeto de los derechos procesales de los detenidos.
Según la Cancillería, se han planteado todos los escenarios posibles, incluyendo la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, con el fin de acompañar a los familiares en las decisiones que tomen respecto a los casos de sus seres queridos.
El compromiso del Gobierno colombiano con la diáspora y los connacionales en el exterior fue reiterado en varias ocasiones.
La Cancillería enfatizó que no se permitirá ninguna excepción en la defensa de las garantías y derechos procesales de los ciudadanos colombianos, y que se continuará trabajando de manera inquebrantable para lograr este objetivo.
Este caso pone de manifiesto las tensiones diplomáticas que pueden surgir en situaciones de este tipo, así como la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y procesales de los ciudadanos en contextos de detención en el extranjero.
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