Bogotanos desconocen la atención y los beneficios de los programas sociales que brinda la Administración distrital: ¿cuáles son?

El concejal étnico Óscar Bastidas puso en evidencia serias deficiencias en la implementación de los programas sociales del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. Según detalló el cabildante, las fallas no solo afectan la ejecución de políticas públicas, también están reflejando una desconexión entre las instituciones y las comunidades más vulnerables.

Durante un control político liderado por el Pacto Histórico, la Colombia Humana y Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social), Bastidas denunció la falta de compromiso institucional y la limitada efectividad de los programas sociales en localidades con alta necesidad, como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Sumapaz.

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De acuerdo con el concejal, uno de los problemas más graves radica en el desconocimiento ciudadano de los programas sociales del distrito, lo que evidencia fallas en la divulgación y en la voluntad institucional para garantizar el acceso a derechos fundamentales.

Además, señaló que varias secretarías, como las de Cultura, Mujer, Hábitat, Ambiente e Integración Social, entregaron informes de gestión apenas un día antes de los debates de control político, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico ni siquiera respondió. La falta de diligencia obstaculiza el control político y plantea dudas sobre la transparencia y el trato hacia la ciudadanía.

En cuanto a los programas sociales, Bastidas destacó que, aunque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mantiene una buena cobertura, otros como el Programa de Movilidad Escolar (PME) enfrentan graves dificultades en zonas rurales, y el Programa de Bienestar Estudiantil (PBE) presenta deficiencias en el acompañamiento psicosocial. Por su parte, la Secretaría de Cultura reportó 30 programas, pero solo 13 tienen un enfoque poblacional claro, sin evidencia de resultados diferenciados.

El concejal también expresó preocupación por la asignación presupuestal. Mientras que la Consejería de Paz contará con más de 917.000 millones de pesos en 2025, la estrategia para la comunidad emebera recibirá apenas 490 millones, sin indicadores claros ni garantías de sostenibilidad. Asimismo, criticó que la Secretaría de la Mujer, a pesar de ofrecer programas importantes, tiene coberturas limitadas frente al tamaño de la población objetivo y carece de mecanismos para verificar la aplicación de enfoques diferenciales. En el caso de Integración Social, además de entregar información tardía, muestra bajos niveles de ejecución en programas clave como el Ingreso Mínimo Garantizado.

Bastidas subrayó que el enfoque diferencial no es una concesión, sino una obligación ética y política. Sin embargo, muchas personas con discapacidad y pueblos étnicos continúan enfrentando barreras estructurales que los excluyen de los programas sociales. También advirtió sobre la debilidad de los mecanismos de participación, como los Consejos Consultivos y las mesas poblacionales, que no están cumpliendo su función, lo que limita la incidencia de los líderes sociales y debilita la democracia.

Por otro lado, la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, también criticó duramente la política social de la Administración distrital durante un debate de control político sobre pobreza y exclusión social. En su intervención, titulada “Bogotá, la ciudad más desigual de Colombia”, Bernal señaló que los programas sociales del distrito no han superado un enfoque asistencialista y microfocalizado, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad.

Según la concejala, Bogotá tiene un índice de Gini de 0,53, lo que la convierte en la ciudad más desigual del país, superando a otras capitales como Cartagena y Quibdó. Bernal destacó que, aunque Colombia logró una reducción histórica de la pobreza multidimensional en 2024, Bogotá registró un aumento alarmante en esta condición, pasando de 283.000 personas en 2023 a 431.000 en 2024. El incremento de 148.000 personas en un año reflejó, según la cabildante, el fracaso de las estrategias gubernamentales para combatir la pobreza.

En cuanto al programa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), Bernal criticó que los recursos se concentran únicamente en hogares en pobreza extrema, dejando desprotegidos a aquellos en pobreza monetaria, lo que aumenta el riesgo de que más familias caigan en pobreza extrema.

Según los datos entregados por Bernal, para este programa, el Concejo de Bogotá aprobó una inversión de 681.000 millones de pesos en 2025, dentro de un presupuesto general de 38,4 billones de pesos, de los cuales 2,3 billones fueron asignados a la Secretaría de Integración Social. Sin embargo, la concejala afirmó que esta estrategia no está cerrando las brechas sociales y, por el contrario, profundiza la desigualdad.

Bernal también cuestionó la efectividad del programa “Bogotá Sin Hambre 2.0”, que cuenta con una inversión de 4,6 billones de pesos, de los cuales 3,6 billones se destinan al PAE. Aunque celebró el fortalecimiento de este programa, advirtió que la expansión de comedores comunitarios carece de una fuente de financiación clara y que los recursos asignados son insuficientes para atender la magnitud del problema. Asimismo, señaló que las 77 millones de raciones alimentarias proyectadas para el cuatrienio solo alcanzarán a 17.800 personas, lo que representa apenas el 1,3% de los hogares clasificados en las categorías A, B y C del Sisbén.

En el ámbito de vivienda, Bernal criticó el Plan Terrazas, calificándolo como una estrategia que normaliza la desigualdad territorial y la informalidad habitacional. Aunque el Plan de Desarrollo promete 75.000 subsidios de vivienda, la línea base de 2023 fue de 19.600, lo que, según la concejala, hace que la meta parezca más simbólica que transformadora. También denunció que las víctimas del conflicto armado enfrentan condiciones críticas, con el 79,7% viviendo en arriendo y más del 40% de estas familias en condiciones de hacinamiento.

La concejala también señaló la falta de estrategias claras para la integración socioeconómica de la población migrante, que representa el 7,4% de la población de Bogotá, y denunció que los recursos destinados a esta población no tienen resultados claros. En cuanto a los habitantes de calle, Bernal afirmó que el censo oficial subestima su número, que podría superar los 17.000, y criticó la falta de una respuesta estructural al fenómeno.

Finalmente, Bernal cuestionó el Decreto 315 de 2024, que regula el aprovechamiento económico del espacio público. Según la cabildante, dicho decreto representa una amenaza para los trabajadores informales y vendedores ambulantes, al imponer cobros que no abordan las causas estructurales de la informalidad. También advirtió sobre el riesgo de que el espacio público sea privatizado, beneficiando a grandes marcas y desplazando a los comerciantes populares.