Sigue polémica por alimentación de los privados de la libertad en las cárceles de Colombia: Asocapitales pidió al Gobierno intervenir de manera urgente

En un comunicado del 27 de mayo de 2025, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se atienda el tema de la alimentación para las personas privadas de la libertad en las diferentes ciudades de Colombia.

La discusión se llevó a cabo en el III Encuentro de Secretarios de Seguridad, Interior y Gobierno de las ciudades capitales, que tuvo lugar en Bogotá.

La intervención se centró en la entrega de alimento para las personas que no están dentro de centros penitenciarios, pero sí en custodia de las autoridades.

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“Uno de los principales temas tratados en la jornada fue el desafío que, en el corto plazo, van a tener que enfrentar las ciudades por la alimentación de las Personas Privadas de la Libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI)”, se lee en el documento.

Por lo anterior, se realizó la petición para que se cumpla el proyecto de ley firmado a finales del año 2023, que fue asumido por la cartera de Justicia:“Los secretarios hicieron un llamado al Gobierno nacional para que otorgue mensaje de urgencia al proyecto de ley, compromiso que fue asumido por el Ministerio de Justicia ante la Corte Constitucional, que busca garantizar una transición ordenada en la alimentación de estas personas”.

La petición fue radicada en el Congreso de la República y está cobijada por senadores y representantes a la Cámara, con el objetivo de agilizar de manera oportuna el trámite para su continuidad, pues a finales del mes de junio se supone termina la ejecución de esta función en dichos lugares poniendo en peligro uno de los derechos fundamentales de estas personas.

Los representantes de las capitales discutieron los principales retos en materia de seguridad ciudadana, orden público y defensa de los derechos fundamentales, así como las acciones concretas para enfrentarlos.

Asocapitales es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión representar y defender las posiciones y los intereses comunes de las ciudades capitales del país a través de la generación de espacios de diálogo, integración, concertación y colaboración entre las autoridades municipales y nacionales.

En un boletín publicado el 5 de diciembre de 2023 en el portal del Ministerio de Justicia, se confirmó que se otorgaba a la dependencia la capacidad de sostener el servicio de alimentación de personas privadas de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía del país, por medio de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Esta ley buscaba garantizar la alimentación de todas estas personas, uno de los derechos fundamentales de cualquier individuo, bajo solo cuatro artículos discutidos.

Estas funciones tienen fecha de caducidad el 30 de junio de 2025; de ahí en adelante, se precisó que esta labor correrá por cuenta de municipios, ciudades y departamentos, tal como se establece en la Corte Constitucional en 2022.

Para 2023, la Uspec contabilizó aproximadamente 17.000 personas bajo custodia en estos lugares. En ese año, se destinaron seiscientos cuarenta y siete mil millones de pesos ($647.000.000.000) para el presupuesto alimentario de cárceles y centros de detención, de los cuales se asignaron para centros de detención transitoria noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis millones novecientos veinte mil setenta y ocho pesos ($92.956.920.078).

Para el 2024 se estaba proyectando la entrega de seiscientos setenta mil seiscientos cincuenta y seis millones ciento ochenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos ($670.656.189.163) para tal fin.