
Después de dos semanas de manifestación en el centro de la capital, representantes del Gobierno nacional y voceros de comunidades campesinas de la Amazonía, Orinoquía y el sur de Colombia alcanzaron un consenso que permitió levantar la concentración que se mantenía en la Plaza de Bolívar desde el 12 de mayo.
Las jornadas de protesta habían sido convocadas para denunciar presuntos incumplimientos institucionales y reclamar soluciones ante la falta de atención en sus territorios.
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El Ministerio del Interior, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, lideró el proceso de concertación con los líderes comunitarios. Gabriel Rondón, viceministro del Interior, señaló que los diálogos se extendieron durante 15 días, periodo en el cual se trabajó en la construcción de acuerdos que recogieran las preocupaciones de los manifestantes y permitieran avanzar en medidas concretas.
“Acuerdos que se pueden plantear en cuatro grandes bloques. Uno, emitiremos un acto administrativo, el cual le hará seguimiento y un piso jurídico a la mesa de concertación. Dos, la garantía para que las personas puedan ir a territorio. Tres, en Bogotá se quedará un grupo pequeño de unas 10 personas, con las cuales estaremos con todos los ministerios, analizando y profundizando la política pública que en esas zonas del país que nadie va, pueda llegar lo más pronto posible”, explicó Rondón.
Las comunidades movilizadas habían denunciado que sus derechos no estaban siendo garantizados y que el Estado no había cumplido compromisos previamente adquiridos. Además, señalaron que persiste una situación de abandono estructural en regiones donde las condiciones de vida continúan marcadas por la falta de acceso a salud, educación, vías, garantías de seguridad y respeto por sus derechos territoriales.
Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la creación de un mecanismo de seguimiento formal a la mesa de concertación, que permitirá evaluar periódicamente el avance de las decisiones pactadas. La intención, según indicó el viceministro, es asegurar que los compromisos no queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones concretas en los territorios.
Adicionalmente, el Gobierno se comprometió a garantizar condiciones dignas para que las comunidades regresen a sus regiones, con acompañamiento institucional y medidas que protejan su integridad durante el retorno. Se definió también que en Bogotá permanecerá una delegación reducida, integrada por diez personas, que mantendrá el diálogo directo con entidades del Ejecutivo para avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas adaptadas a las necesidades específicas de estas regiones.
Como parte del proceso, se acordó realizar un evento nacional de diálogo social en julio, el cual tendrá como propósito revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta jornada de concertación. Este espacio, de carácter nacional, también permitirá integrar otras voces regionales que enfrentan situaciones similares.
Durante la protesta, los manifestantes instalaron carpas y permanecieron día y noche en la Plaza de Bolívar, exponiendo pancartas y discursos que reflejaban la situación de sus territorios. Las autoridades locales mantuvieron presencia en el lugar, brindando asistencia humanitaria y sanitaria a quienes participaron en la manifestación.
La Alcaldía Mayor de Bogotá valoró positivamente los acuerdos alcanzados y pidió al Gobierno nacional fortalecer su presencia en las regiones que originaron la movilización. En un mensaje publicado en redes sociales, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló:
“Bogotá está asumiendo una serie movilizaciones sociales que llegan de otras partes del país y frente a las cuales pedimos a las entidades nacionales replantear su respuesta: acelerar la búsqueda de soluciones y sobre todo promover diálogos desde los territorios. La administración de Bogotá respeta y defiende la manifestación pacífica, por eso desde el primer momento estuvimos haciendo acompañamiento con equipos de gestores, atención en salud y apoyo humanitario”.

El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo también fue clave en la verificación de los derechos de los manifestantes y en la facilitación del proceso de negociación. El organismo destacó que los acuerdos surgieron de una disposición de las partes para construir soluciones conjuntas y mantener el enfoque de diálogo.
El levantamiento de la manifestación marca el cierre de una jornada que visibilizó nuevamente las demandas históricas de comunidades rurales, en especial de zonas selváticas y de difícil acceso.
La presencia prolongada de los manifestantes en la Plaza de Bolívar generó atención mediática y política, lo que contribuyó a reactivar la discusión sobre las condiciones en las que viven muchas poblaciones del sur del país.
Ahora, con el compromiso de mantener el diálogo y desarrollar medidas en terreno, el proceso continuará con el seguimiento a lo pactado y la preparación del encuentro nacional previsto para julio.
La permanencia de un grupo de representantes en la capital será clave para sostener la interlocución con las instituciones del Estado.
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