El futuro de los aprendices del Sena se encuentra en el centro de un debate legislativo que podría transformar las condiciones de su formación y vinculación laboral.
El Congreso de Colombia está evaluando dos propuestas opuestas en el marco de la reforma laboral, las cuales buscan definir el rumbo de los contratos de aprendizaje.
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Una de las propuestas, respaldada por una mayoría multipartidista y liderada por la senadora Angélica Lozano del partido Verde, aboga por mantener el carácter formativo de estos contratos.
La otra, impulsada por el Pacto Histórico bajo la dirección de la senadora Aida Avella, propone convertirlos en relaciones laborales especiales reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo.
La ponencia mayoritaria plantea una estructura de apoyo económico diferenciada según el tipo de formación. En el caso de la formación dual, los aprendices recibirían el 75 % del salario mínimo durante el primer año y el 100 % en el segundo. Para la formación tradicional, se propone un 75 % del salario mínimo en la etapa lectiva y el 100 % en la etapa práctica.
Por su parte, los estudiantes universitarios recibirían al menos un salario mínimo, independientemente del modelo de formación. En contraste, la propuesta alternativa del Pacto Histórico establece un apoyo económico del 60 % del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100 % en la práctica, con la posibilidad de condiciones más favorables si así lo determinan convenciones colectivas o fallos arbitrales.
El debate también aborda la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje. Según consignó el medio, la ponencia mayoritaria defiende que este contrato no debe ser considerado una relación laboral plena. En este modelo, la subordinación del aprendiz se limita al proceso formativo, y aunque se garantiza la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, no se incluyen prestaciones sociales propias de un empleado.
Por otro lado, la propuesta del Pacto Histórico busca que el contrato de aprendizaje sea reconocido como un contrato laboral especial y a término fijo, lo que implicaría la afiliación completa al Sistema de Seguridad Social desde el inicio y el reconocimiento del tiempo como aprendiz como experiencia laboral válida para el primer empleo.
Otro punto clave en la discusión es la monetización de los cupos de aprendizaje. Según detalló el medio, la ponencia mayoritaria establece que las empresas que no contraten aprendices deberán pagar al Sena 1,5 salarios mínimos por cada cupo incumplido. La propuesta alternativa, en cambio, eleva este monto a 2 salarios mínimos con el objetivo de desincentivar la monetización y fomentar la contratación directa de aprendices.
Ambas propuestas coinciden en que parte de estos recursos debe destinarse a ampliar la cobertura educativa del Sena, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, la ponencia alternativa propone destinar el 50 % de estos fondos a subsidios de hasta un salario mínimo para aprendices en situación de vulnerabilidad, con el fin de prevenir la deserción.
En cuanto a los beneficios adicionales, ambas propuestas coinciden en garantizar que los internos de medicina que realicen su año de internado obligatorio reciban al menos un salario mínimo mensual y estén afiliados al sistema de seguridad social. Aunque la propuesta alternativa incluye un enfoque territorial para aumentar la cobertura del Sena en zonas vulnerables y un artículo que promueve las prácticas laborales en el sector público, las cuales serían reconocidas como experiencia profesional válida.
El medio también informó que la senadora Angélica Lozano radicó la ponencia mayoritaria el pasado 26 de mayo, marcando un paso importante en el avance de esta discusión legislativa. Mientras tanto, el debate continúa en el Senado, con implicaciones significativas para miles de aprendices del Sena y el modelo de formación laboral en Colombia.
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