Madre de los menores que fueron asesinados por su padre en barrio Las Ferias de Bogotá quedó endeudada por el entierro de sus hijos

El 28 de octubre de 2024 quedó grabado como el día más oscuro en la vida de Paola Ramírez.

En su vivienda, en el corazón del barrio Las Ferias, en Bogotá, sus hijos, Santi Esteban, de 4 años, y Susan Camila, de 7, fueron asesinados por su propio padre, Darwin Felipe Beltrán.

Pero el dolor repercute y las secuelas de la tragedia no quedaron sepultadas.

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De hecho, el drama de Paola no termina ahí. En una entrevista que concedió en el videopodcast Más allá del silencio, conducido por Rafael Poveda, reveló que, tras el crimen, debió asumir una deuda de casi treinta millones de pesos para cubrir los costos del sepelio de sus hijos y adquirir el lote donde descansan.

“Estoy trabajando porque estoy pagando lo del lote de los niños… no quiero que a mis hijos me los vayan a quemar”, declaró entre lágrimas.

La ausencia de apoyo institucional ha dejado a Paola completamente sola, lidiando no solo con un dolor inconmensurable, sino también con una difícil situación financiera.

Sin recursos del Estado ni redes de acompañamiento psicológico constantes, su vida se ha convertido en una batalla diaria por sobrevivir y por mantener viva la memoria de sus hijos, confesó en el programa.

El acto conmocionó a los bogotanos por la brutalidad y las circunstancias en las que ocurrió el asesinato: un ataque despiadado impulsado, según la Fiscalía, por celos enfermizos.

Según el informe forense, el pequeño murió a causa de múltiples golpes y su hermana por heridas con arma blanca. Los asesinatos se efectuaron mientras la progenitora no estaba en casa.

De acuerdo con las autoridades, Beltrán fue capturado en flagrancia, pero a pesar de su confesión inicial, y de que también se ha declarado inocente, ahora pretende ser trasladado a un centro psiquiátrico, bajo el argumento de incapacidad mental.

Para la defensa de la madre, esta es una “maniobra dilatoria” que busca evitar un juicio justo.

El proceso judicial, por su parte, avanza lentamente. Aunque Beltrán permanece en prisión, su defensa insiste en que no era consciente de sus actos y ha solicitado evaluación psiquiátrica.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que se trató de un acto premeditado motivado por celos, tras ver a su expareja con otra persona.

Vecinos y allegados a la familia han respaldado la versión de Paola. Aseguran que el hombre tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y que su comportamiento generaba preocupación desde antes del crimen.

Mientras las audiencias continúan y se espera la presentación de pruebas concluyentes, Paola sigue enfrentando sola las secuelas de una tragedia que le arrebató a sus hijos y le impuso una carga que va mucho más allá del duelo: la de buscar justicia en un sistema que avanza con lentitud y la de sostener su vida marcada por el dolor y las deudas.

Ramírez, que participó en una de las audiencias contra Beltrán, de manera virtual, describió la experiencia como profundamente dolorosa. Dijo que escuchar a Beltrán le hizo revivir el trágico día.

“Fue algo doloroso, triste, ver a Beltrán o escucharlo para mí es como revivir ese momento; devolverme a ese día”, expresó.

El abogado Miguel Ángel Ruiz, argumenta que el estado mental de Beltrán podría ser un factor determinante en el proceso judicial. Según la estrategia planteada, si se logra demostrar que el acusado no tenía plena capacidad de comprender la gravedad de sus acciones debido a su trastorno, podría ser declarado inimputable.

Esto implicaría que, en lugar de cumplir una condena en prisión, Beltrán sería enviado a un centro psiquiátrico, donde recibiría tratamiento especializado. Esta posibilidad ha generado controversia, ya que, de ser declarado inimputable, la pena que enfrentaría sería significativamente menor a la que corresponde por homicidio agravado.