
De un lado, la senadora Angélica Lozano lidera la ponencia mayoritaria, respaldada por sectores empresariales.
Del otro, la congresista Aída Avella encabeza la propuesta del Gobierno, impulsada por la bancada del Pacto Histórico.
Ambas serán debatidas en el Congreso y su contraste marca un punto de inflexión en la definición de las condiciones de trabajo en el país.
Las diferencias clave
La ponencia mayoritaria contiene 75 artículos y conserva buena parte del articulado que fue aprobado previamente en la Cámara de Representantes.
Según sus promotores, retoma cerca del 80% de ese contenido, al tiempo que incorpora elementos de la Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo, incluyendo diez de las doce preguntas propuestas.
Esta versión plantea, entre otros elementos, la posibilidad de establecer una semana laboral de cuatro días, condicionada a un acuerdo entre empleador y trabajador para ampliar la jornada diaria sin que ello constituya horas extras.
También introduce un subsidio de conectividad como reemplazo al tradicional subsidio de transporte para quienes trabajan desde casa.
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Uno de los principales ejes de diferencia con la ponencia alternativa tiene que ver con los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo.
Mientras el texto mayoritario propone una aplicación gradual del recargo dominical hasta llegar al 100% en el año 2027, comenzando con un 80% en 2025 y un 90% en 2026, también establece un recargo del 75% para los días festivos.
La propuesta del Gobierno, en cambio, fija el recargo dominical y festivo en el 100% desde el inicio, sin fases intermedias.
Además, esta última determina que la jornada nocturna debe comenzar a las 6:00 p. m., mientras que la otra iniciativa mantiene posiciones más flexibles o sujetas a ajustes en debate.

Otra diferencia central se encuentra en el tratamiento del contrato de aprendizaje del Sena.
La ponencia mayoritaria considera que esta figura debe mantenerse, con un fortalecimiento en su control, sin modificar su carácter actual.
Por el contrario, la ponencia alternativa plantea una reforma sustancial para que los aprendices cuenten con acceso pleno a la seguridad social y a prestaciones equivalentes a las de cualquier contrato laboral ordinario.
En esta versión, se propone que los aprendices del Sena reciban el 60% del salario mínimo durante su etapa lectiva y el 100% durante su etapa práctica.
Según estimaciones técnicas incluidas en el documento, este ajuste implicaría un incremento elevado en los costos para las empresas.
Asimismo, la propuesta del Gobierno introduce nuevos derechos laborales relacionados con la salud y el bienestar del trabajador, como licencias por condiciones médicas asociadas al ciclo menstrual, incluyendo patologías como la dismenorrea y la endometriosis. También contempla permisos para asistir a citas médicas o enfrentar situaciones domésticas graves, ampliando así el espectro de licencias laborales en el país.

En cuanto al contrato sindical, ambos textos coinciden en conservar esta figura, aunque con matices distintos en su justificación. Mientras en la ponencia mayoritaria se destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar abusos, el documento del Pacto Histórico no plantea su eliminación, pero enfatiza la necesidad de formalización integral del trabajo.
El proceso de radicación de las ponencias se da en medio de divisiones dentro de las comisiones del Congreso. A pesar de que en días anteriores hubo acuerdos entre la mayoría de los congresistas de la Comisión Séptima, finalmente no se logró una ponencia única. Algunas colectividades, como el Partido Liberal, no firmaron ninguna de las propuestas pero han expresado su intención de participar activamente en el debate, especialmente en aspectos como la definición del horario nocturno.

El desenlace de esta etapa legislativa será clave para determinar el rumbo de la reforma laboral que promueve el actual gobierno. La existencia de dos propuestas enfrentadas refleja tanto la complejidad del debate como la necesidad de encontrar consensos amplios que permitan modernizar el régimen laboral colombiano sin desestabilizar los equilibrios entre trabajadores y empleadores.
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