La segunda consulta popular del Gobierno nacional que cursa en el Congreso sigue generando diferencias entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que, si el Senado no toma una decisión pronto, se convocará la consulta por decreto.
“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, afirmó el funcionario ante los medios.
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No obstante, según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, esta acción del Gobierno implicaría un desconocimiento de la decisión que tomaron en un primer momento los legisladores: rechazar la iniciativa. Según indicó, la administración estaría yendo en contra de la normativa e ignorando la determinación de los 49 senadores que negaron la convocatoria del mecanismo de participación ciudadana.
“Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial”, indicó en X.
De acuerdo con el titular del cuerpo colegiado, el Gobierno estaría vulnerando la Constitución Política con la convocatoria. Además, insistió en su rechazo a la consulta, debido a los recursos púbicos que deberían emplearse para adelantarla. Según el registrador Nacional, Hernán Penagos, costaría entre $700.000 millones y $750.000 millones, teniendo en cuenta que se debe convocar a 40 millones de personas para que acudan a las urnas y ejerzan su derecho al voto.
En ese sentido, Cepeda informó que el Congreso de la República no permitirá que la consulta sea convocada, catalogándola como una estrategia de la administración de Gustavo Petro para satisfacer intereses políticos y para adelantar campañas electorales. Por eso, anunció que recurrirá a acciones judiciales en caso de que el Gobierno impulse la iniciativa por decreto, puesto que esta ya fue negada por el Legislativo y su decisión es “un requisito indispensable para su viabilidad”.
“Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”, advirtió el congresista.
Es importante recordar que el ministro del Interior denunció un presunto fraude en la votación de la primera consulta que fue sometida a discusión en la plenaria del Senado, y que terminó hundiéndose por decisión mayoritaria. En consecuencia, el Gobierno presentó la segunda iniciativa, que incluye ya no 12 preguntas, sino 16, sobre la reforma laboral y la reforma a la salud, que tiene altas probabilidades de archivarse.
Ministro de Trabajo justificó el segundo intento de convocar la consulta
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la persistencia del Gobierno de consultar a la población sobre sus derechos laborales y a la salud, afirmando que es el único medio por el cual se puede garantizar que los cambios que se quieren hacer en Colombia se efectúen.
Esto, teniendo en cuenta que buena parte del Legislativo no aprueba ninguno de los dos proyectos de reforma oficialistas. Además, existe la posibilidad de que los congresistas y los gremios transformen drásticamente la reforma laboral que cursa por segunda vez en el Senado.
“El seguro de vida de una reforma laboral y de una reforma a la salud, que también amenaza con hundirse en la Comisión Séptima, es la consulta popular. Está demostrado que sin la radicación de la primera solicitud para una consulta no hubiese resucitado el proyecto de ley o la reforma laboral que habían archivado en la Comisión Séptima”, aclaró el funcionario, en conversación con la revista Semana.
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