
Mientras programas sociales clave enfrentan dificultades financieras en Antioquia y Medellín, las universidades públicas del departamento viven una de sus peores crisis presupuestales en años, causada por la deuda acumulada del Gobierno nacional con el programa Matrícula Cero. Esta situación se inscribe en un panorama más amplio de rezagos en materia educativa, presupuestal y de innovación científica, que también afectó a iniciativas como la Universidad de la Paz y al acceso a créditos educativos a través del Icetex.
Según datos recopilados por el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, el Estado debe actualmente más de $103.868 millones a instituciones de educación superior en el departamento. “Durante la campaña de 2022, el petrismo utilizó la expectativa de los estudiantes buscando la gratuidad educativa y el programa Matrícula Cero. Nos dimos a la tarea de saber cómo van esas obligaciones del Gobierno Petro con las universidades antioqueñas. Solamente a la Universidad de Antioquia, por concepto de Matrícula Cero, le debe más de $10.000 millones”, indicó el congresista.
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El Tecnológico de Antioquia encabeza la lista de instituciones más golpeadas por la deuda, con $54.382 millones pendientes por parte del Gobierno. Le siguen el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), con $19.939 millones, y la Universidad de Antioquia, con $10.484 millones. También figuran el Colegio Mayor de Antioquia ($9.961 millones) y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid ($9.100 millones), universidades que hoy están “contra las cuerdas”, en palabras de varios rectores, por falta de liquidez para operar con normalidad.
La crítica situación no se detiene allí. Cadavid también denunció la reducción del presupuesto nacional asignado a ciencia, tecnología e innovación, una línea clave para la sostenibilidad del conocimiento en el país. “En materia de ciencia, tecnología e innovación, la institucionalidad del Gobierno Petro en ese aspecto está destruida. Más de cinco cambios en los viceministerios que tienen esa responsabilidad. En el Presupuesto General de la Nación, que le quitó a nuestro departamento $2,3 billones, el rubro de ciencia, tecnología e innovación perdió más de $10.000 millones”, afirmó.
El déficit también obligó a las universidades privadas a buscar soluciones propias para enfrentar la disminución del acceso al Icetex, que vio una caída del 82% en la cantidad de créditos otorgados: pasó de 56.000 créditos en 2024 a tan solo 10.000 este año. Como respuesta, instituciones como Eafit, UPB, EIA, Ces y la Universidad de Medellín dieron a conocer el Fondo Futuro, una alternativa de financiación que espera beneficiar a por lo menos 2.500 jóvenes en los próximos cinco años. “El Icetex, que es el acceso del crédito educativo para los estudiantes, ha reducido su acceso en más del 80%. Por fortuna, el sistema universitario del departamento creó el Fondo Futuro”, agregó Cadavid.

El panorama para la educación superior en Antioquia se agrava aún más con el estancamiento de proyectos prometidos por el mismo presidente Gustavo Petro durante su campaña. Tal es el caso de la Universidad de la Vida y la Paz, planteada para el Oriente antioqueño. Según explicó el congresista, ni el Gobierno ha presentado a la fecha un proyecto de ley para su creación, ni se asignó presupuesto alguno.
En un derecho de petición elevado por Cadavid, el Ministerio de Educación respondió que la creación de ese tipo de universidades es competencia exclusiva del Congreso de la República. “Bajo este precepto normativo, le informamos que una vez verificados los proyectos de ley que se tramiten en el congreso no se cuenta con evidencias que permitan dar cuenta de la creación de una ‘Universidad por la Vida y la Paz’ del orden nacional. Por lo tanto, no es posible priorizar, ni estructurar proyectos de inversión para obras de esta iniciativa, porque aún no existe en la vida jurídica”, respondió la cartera.

Para Cadavid, esa respuesta es una evasiva más del Gobierno. “El Gobierno no tiene en curso proyecto de ley alguno para la creación de esa universidad en el Oriente de Antioquia y tampoco ha asignado al presupuesto a esa iniciativa”, señaló, asegurando que el Ejecutivo está descargando la responsabilidad en el Congreso para justificar el incumplimiento.
Las denuncias sobre la falta de recursos no se limitan al sector universitario. En Medellín, programas sociales como Buen Comienzo también se vieron afectados. El alcalde Federico Gutiérrez denunció que, de los $60.000 millones que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prometió aportar en 2024, en 2025 apenas se han entregado $20.000 millones, generando un hueco de $40.000 millones que compromete la atención a la primera infancia.
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