
Un grupo de ciudadanos ha emprendido una campaña digital con el propósito de recolectar firmas para solicitar la renuncia del representante a la Cámara David Racero, integrante del Pacto Histórico.
Esta acción fue impulsada principalmente en redes sociales y ha sido respaldada por figuras políticas como Amalia Salgado, exsecretaria general del Centro Democrático y exfuncionaria consular en Estados Unidos.
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Salgado manifestó públicamente su apoyo a la iniciativa, difundiendo mensajes en plataformas digitales en los que expresa su inconformidad con el actuar del congresista.
En su mensaje, afirmó: “Un congresista que explota a sus trabajadores no puede hacer leyes para los colombianos. David Racero debe renunciar. Por coherencia, por dignidad, por ética, por respeto. Firma la solicitud”.
La convocatoria se hizo viral en X (antes Twitter) y otras redes sociales, donde ciudadanos y simpatizantes de diferentes sectores han replicado la petición. En las imágenes utilizadas para promover la iniciativa se destaca un mensaje en el que se lee:
“Ante los hechos conocidos del congresista David Racero y su falta de respeto y garantías para los trabajadores, miembros de UTL y ciudadanos, te invitamos a que firmes esta petición de solicitud de renuncia”.

Las críticas contra el representante Racero se intensificaron luego de que se conocieran denuncias relacionadas con el trato a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Aunque los detalles específicos no han sido presentados de manera oficial por las autoridades competentes, el malestar generado por los testimonios y los reportes en medios ha motivado reacciones públicas.
Frente a las acusaciones, Racero aseguró en un pronunciamiento que no permitirá que su nombre sea instrumentalizado con fines políticos.
En sus declaraciones, expresó: “No puedo permitir que se ponga en el foco mi nombre y, con mentiras, quieran hundir la reforma laboral o la consulta popular. Debo ser enfático en que cualquier señalamiento en mi contra no puede ser usado contra el presidente Gustavo Petro, al Pacto Histórico o a quienes han defendido la causa”.

El congresista, quien ha sido uno de los voceros más activos del oficialismo en la Cámara de Representantes, también ha reiterado que su trabajo legislativo debe ser evaluado de manera separada de los asuntos personales o controversias administrativas.
No obstante, la campaña de recolección de firmas ha ganado tracción en diversos espacios digitales, lo que ha puesto nuevamente en el centro del debate el comportamiento de los funcionarios públicos frente a sus equipos de trabajo.
La petición de renuncia promovida en línea no se ha limitado al sector político tradicional opositor. También han participado ciudadanos sin afiliación partidista, quienes afirman buscar mayor transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder legislativo. Las publicaciones incluyen enlaces para que los interesados puedan firmar la solicitud virtualmente, haciendo énfasis en que la participación ciudadana es clave para exigir explicaciones ante los hechos que han salido a la luz.
Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento oficial del partido Pacto Histórico respecto a la iniciativa o a las acusaciones que circulan en medios y redes sociales. Sin embargo, el contexto político actual, marcado por debates sobre la reforma laboral y otros proyectos impulsados desde el Ejecutivo, ha contribuido a que esta controversia adquiera mayor visibilidad.

La estrategia de “firmatón” digital no es nueva en Colombia, pero en esta ocasión ha generado impacto por el nivel de difusión que ha alcanzado en pocas horas. Amalia Salgado, una de las promotoras visibles de esta campaña, ha reiterado que su intención es invitar a una reflexión sobre los comportamientos que deben tener los congresistas en el trato hacia sus equipos. La exfuncionaria también insistió en que este tipo de iniciativas ciudadanas no deberían ser leídas como ataques personales, sino como ejercicios democráticos de exigencia institucional.
El representante Racero, por su parte, ha mantenido su postura de rechazo a las acusaciones y ha señalado que algunas de estas iniciativas podrían estar motivadas por razones políticas. En ese sentido, advirtió sobre el uso de su caso para afectar las discusiones en curso sobre reformas promovidas por el gobierno actual. El congresista ha sostenido que continuará cumpliendo sus funciones legislativas mientras se desarrollan los debates públicos sobre los hechos mencionados.
La controversia continúa desarrollándose mientras la petición sigue circulando y sumando adhesiones. Hasta el momento, no se ha conocido una cifra oficial de firmas recogidas ni si la solicitud será llevada ante una instancia legislativa formal. Lo que sí se ha evidenciado es que la movilización ciudadana digital ha elevado el nivel de presión pública sobre el congresista y ha reabierto el debate sobre la gestión interna de los despachos parlamentarios.
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