El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la sanción de destitución e inhabilidad que la Procuraduría General de la Nación impuso al coronel en retiro de la Policía Nacional Flavio Heriberto Mesa Castro.
La decisión fue tomada al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el oficial había interpuesto en contra del ente de control, buscando revocar el fallo disciplinario que lo vinculó al escándalo de la llamada “comunidad del anillo”.
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La sentencia fue proferida por la Sección Segunda del alto tribunal, bajo ponencia del magistrado Luis Gilberto Ortegón, y establece que no existen razones jurídicas suficientes para anular las decisiones emitidas por el Ministerio Público los días 14 de noviembre de 2018 y 13 de enero de 2021.
Una reunión clave en el escándalo
Según el expediente, los fallos sancionatorios de la Procuraduría se originaron en la participación del coronel Mesa Castro en una reunión celebrada el 8 de mayo de 2015. En dicho encuentro, en el que también estuvieron presentes otros altos mandos de la Policía, se habría intentado persuadir al entonces teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Beltrán para que se retractara de las denuncias de acoso formuladas contra el entonces director general de la institución, general (r) Rodolfo Palomino.
El caso forma parte del escándalo en el cual se denunciaron presuntos actos de prostitución, acoso y abuso de poder dentro de la Policía Nacional. Aunque el general (r) Palomino fue absuelto por la Procuraduría en 2018, los hechos vinculados a esa supuesta red de presión interna continuaron siendo objeto de investigaciones disciplinarias.
De acuerdo con la acusación contra Mesa Castro, tras conocerse las denuncias del teniente coronel Gómez, el general Palomino habría contactado al entonces comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca y al secretario general de la entidad, coronel Ciro Carvajal.
El objetivo habría sido localizar al denunciante y ofrecerle beneficios disciplinarios a cambio de modificar su testimonio en el proceso interno en curso.
Argumentos de la defensa y respuesta del tribunal
En su demanda contra la Procuraduría, el coronel (r) Mesa Castro alegó que las decisiones sancionatorias eran ilegales por varios motivos. Sostuvo que estaban basadas en una supuesta “falsa motivación”, que se apoyaban en pruebas obtenidas irregularmente —entre ellas una grabación de audio sin autenticación técnica—, y que vulneraban su derecho fundamental al debido proceso. Además, consideró que la sanción era desproporcionada y que el órgano de control había excedido sus competencias al dictarla.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras revisar el expediente y las actuaciones del Ministerio Público, concluyó que la sanción fue impuesta de manera legítima y conforme a derecho. En el fallo se aclara que la Procuraduría actuó, “dentro del marco legal que le confiere la Constitución y la ley para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos, incluso en condición de retiro si los hechos guardan relación con el ejercicio de funciones públicas”.
El tribunal enfatizó que, “el proceso se adelantó respetando las garantías procesales del disciplinado y con base en elementos probatorios válidamente recaudados e incorporados al expediente”.
La sanción que quedó en firme
Como resultado del fallo judicial, la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años impuesta por la Procuraduría al coronel Mesa Castro se mantiene en firme. El oficial permanece inscrito en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), lo cual le impide ejercer cargos públicos durante el periodo estipulado.
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca da por concluida la disputa jurídica que el coronel retirado inició contra la Nación, reafirmando la validez de las actuaciones de la Procuraduría en uno de los casos más polémicos de los últimos años en la Policía Nacional.
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