Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José de Jesús Arteaga Gonzaga, conocido como alias Burro con Sueño, señalado como presunto integrante del grupo delincuencial trasnacional Tren de Aragua.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, este hombre habría estado involucrado en actividades de extorsión desde enero de 2024 hasta mayo de 2025, afectando a los habitantes y comerciantes de la Comuna 6 de Cúcuta, específicamente en los barrios Colinas de Tunal y el asentamiento humano Seis de Reyes de la capital de Norte de Santander.
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De acuerdo con la entidad acusatoria, Arteaga Gonzaga exigía pagos semanales que oscilaban entre quince mil y treinta mil pesos por vivienda, bajo la amenaza de interrumpir el suministro de agua potable.
Este cobro también se extendía a los comerciantes de la zona, en la que eran obligados a entregar dinero para evitar represalias. Además, la institución indicó que el acusado habría intimidado a integrantes de las juntas de acción comunal, que intentaron resistir las exigencias económicas impuestas por el grupo delincuencial.
El sujeto fue capturado por la Policía Nacional el 22 de mayo, cuando circulaba en plena vía pública del barrio Colinas de Tunal de Cúcuta. Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados por el procesado.
El Tren de Aragua, al que se le atribuye la vinculación de Arteaga Gonzaga, es un grupo delictivo transnacional conocido por operar en varios países de América Latina.
En este caso, las autoridades lo relacionan con actividades de intimidación y control territorial en sectores vulnerables de Cúcuta, donde las comunidades han denunciado reiteradamente la presencia de estructuras criminales que imponen pagos ilegales por servicios básicos.
A la cárcel dos presuntos nexos del Tren de Aragua en Bucaramanga
La detención de alias Burro con sueño se suma a un operativo realizado en Bucaramanga, con la captura y judicialización de dos hombres que pertenecerían a la estructura criminal conocida como El Tren de Aragua Búcaros, una célula relacionada con la organización trasnacional.
Según el informe oficial, los dos sujetos identificados como Edwin Junior Mendoza Silva y Cristian Peña Benítez estarían vinculados con varias actividades ilícitas cometidas entre marzo y mayo de 2025, afectando principalmente a comerciantes y personas dedicadas a actividades financieras informales en la comuna 10 de la ciudad santandereana, de los cuales, se destacan los barrios Dangond, Luz de Salvación, Provenza, Brisas del Paraíso y Cristal.
La investigación preliminar reveló que los procesados habrían estado involucrados en al menos siete casos de extorsión. Según la Fiscalía, las víctimas eran amenazadas con armas de fuego y se les exigía dinero bajo la advertencia de represalias contra sus negocios o familiares en caso de no cumplir con las demandas. Estas acciones habrían generado un clima de temor entre los habitantes de los sectores afectados.
En ese sentido, la Policía les imputó los delitos concierto para delinquir con fines de extorsión, secuestro simple y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Aunque los procesados no aceptaron responsabilidad, la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas que sustenten las imputaciones. Según el ente investigador, el caso hace parte de una estrategia para combatir estructuras criminales que estarían generando preocupación en varias zonas urbanas del país.
Por su parte, las autoridades locales han reforzado los operativos de seguridad en las áreas señaladas como puntos de operación de este grupo, con el fin de restablecer la tranquilidad entre la población y prevenir nuevas acciones delictivas.
Las autoridades continúan trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer la magnitud de las actividades delictivas de esta célula en Bucaramanga. Mientras tanto, los habitantes de los barrios afectados esperan que las acciones judiciales contribuyan a restablecer la tranquilidad en sus comunidades.
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