En una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (Inpec) y rodeada de un ejército de guardianes llegó la exconsejera para las regiones de la Presidencia Sandra Ortiz a la Corte Suprema de Justicia.
La exfuncionaria arribó en la mañana del lunes 26 de mayo para entregar nuevas declaraciones en el caso que adelanta el alto tribunal contra los congresistas Ivan Name y Andrés Calle por supuestos sobornos que habrían salido con dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Ortiz se encuentra detenida y fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), bajo estrictas medidas de seguridad.
El proceso judicial incluye a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecen recluidos en la cárcel La Picota. Ambos son investigados por su presunta participación en una red que desviaba recursos públicos de la Ungrd. La declaración de Ortiz podría aportar detalles clave sobre el manejo irregular de estos fondos.
Fuentes cercanas al proceso indican que el testimonio de Ortiz estaría relacionado con el uso de dinero vinculado al escándalo en procedimientos institucionales recientes.
Entre los hechos bajo escrutinio se encuentran la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, quien antes se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia, así como posibles irregularidades en la designación de la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Incluso, existen pruebas que confirmarían el diálogo entre Ortiz y Name durante días previos a la elección del magistrado, además de una citación privada en la oficina del congresista justo antes de la votación en la cámara alta del Congreso, en los que también se pudo tocar el tema de los millonarios sobornos por 3.000 millones de pesos.
De hecho, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema señala que anticipos girados al contratista Impoamericana Roger SAS, relacionados con un contrato para la provisión de carrotanques en La Guajira, habrían sido manipulados para fines distintos a los originalmente previstos. Este contrato estuvo bajo la dirección de Olmedo López, entonces jefe de la Ungrd.
En medio de esta investigación, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle es señalado por supuestamente haber recibido mil millones de pesos en un apartamento de Montería el 14 de octubre de 2023. Según la Corte, esos recursos habrían sido utilizados para financiar las campañas electorales de su padre y su hermano en Córdoba durante las elecciones regionales de ese mismo mes.
Las defensas de Calle y del excongresista Iván Name solicitaron la revocatoria de la medida de aseguramiento intramural que los mantiene recluidos en la cárcel La Picota, argumentando que no existen riesgos procesales como fuga o interferencia en la investigación que justifiquen la privación de la libertad.
La defensa de Calle sostuvo que el dinero en cuestión provino de un préstamo privado otorgado por el exsenador Pedro Castro y que no se configuró apropiación indebida de recursos públicos. Esta posición recibió el respaldo parcial de una magistrada disidente, quien cuestionó que se hubiera afectado directamente el patrimonio estatal.
La investigación también identifica a Sandra Ortiz como una figura clave en el proceso. Ortiz habría actuado como intermediaria entre funcionarios de la Ungrd y los congresistas involucrados. La Corte destacó su vínculo personal con Iván Name y su participación en la entrega del dinero, lo que complica el entramado que rodea la presunta red de corrupción.
Este caso forma parte de una pesquisa mayor sobre la supuesta compra de apoyos legislativos con recursos públicos desviados, uno de los escándalos de corrupción más relevantes registrados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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