Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias el Mocho Olmedo y segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fue protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia durante un periodo de 55 días en un hotel de Bogotá.
Este episodio, que involucra una presunta irregularidad en su tratamiento judicial, ha generado inquietud en el ámbito nacional y en el Gobierno de Estados Unidos.
El caso ha llevado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía a solicitar explicaciones sobre su reclusión y el manejo de su captura.
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De acuerdo con Noticias Caracol, Henao fue capturado el 12 de febrero de 2025 por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, aunque no fue ingresado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota como suele ser el procedimiento.
En su lugar, la DNI aseguró su traslado a un apartamento en Chapinero, Bogotá, lo que justificaron como un asunto de seguridad nacional.
“Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez (director de la DNI), quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez”, cita el medio a partir de un documento interno.
El contexto que rodea a “el Mocho” añade complejidad al caso.
En febrero de este año, en medio de los intentos por consolidar una mesa de paz, Henao fue designado como delegado por el Gobierno de Gustavo Petro, lo que llevó a la suspensión temporal de sus órdenes de captura.
Sin embargo, explicó su abogado Daniel Piedrahíta a Noticias Caracol, Henao enfrentaba amenazas de parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que buscaba eliminar el Frente 33. Ante esta situación, habría solicitado apoyo de la fuerza pública.
Hasta el 12 de febrero de 2025, día cuando fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el Gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir agregó Piedrahíta.
La Corte Suprema de Justicia jugó un papel crucial al descubrir la irregularidad.
Según el medio, la magistrada Luz Adriana Camargo recibió una comunicación del juez Diego Corredor, quien manifestó su sorpresa por el manejo del caso y enfatizó la gravedad de la situación.
En la carta, exigieron detalles específicos sobre el paradero y las condiciones de reclusión de Henao durante el periodo en cuestión.
El caso generó una cadena de interrogantes en torno a la coordinación entre la Fiscalía y la DNI, así como acerca de las implicaciones para el Gobierno Petro. A pesar de que Henao fue finalmente entregado a las autoridades competentes el 8 de abril y trasladado a la cárcel La Picota, el vacío de información sobre los 55 días bajo protección estatal ha dejado dudas tanto a nivel judicial como diplomático. Según el medio, el magistrado Corredor habría calificado esta situación como algo sin precedentes en el país.
Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos, que busca la extradición de Henao por delitos relacionados con narcotráfico, ha manifestado su incomodidad ante los hechos según el medio. Este episodio marca un punto álgido en las relaciones bilaterales en materia de cooperación judicial y pone en la mira las decisiones del Ejecutivo colombiano en el contexto de los diálogos de paz y el manejo de figuras clave dentro de estructuras insurgentes.
Los 55 días que Henao permaneció bajo resguardo en un entorno no carcelario representan un capítulo controvertido que sigue bajo investigación. Las dudas sobre qué sucedió durante ese tiempo ponen en el centro del debate la transparencia de las instituciones colombianas y su relación con actores internacionales.
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