Fueron enviados a la cárcel dos integrantes de la estructura criminal Tren de Aragua Búcaros en Bucaramanga

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres señalados de pertenecer a una estructura delictiva que operaría en el sur de Bucaramanga.

La decisión fue tomada a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en medio de una investigación por presuntos actos de extorsión, secuestro y porte ilegal de armas.

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Los procesados fueron identificados como Edwin Junior Mendoza Silva y Cristian Peña Benítez. Según la Fiscalía, ambos serían integrantes del grupo denominado “El Tren de Aragua Búcaros”, una célula que estaría relacionada con la organización criminal transnacional “El Tren de Aragua”, originaria de Venezuela y con presencia en diferentes países de América Latina.

Las autoridades señalan que esta facción habría concentrado sus actividades ilícitas entre marzo y mayo de 2025, en sectores específicos de la comuna 10 de Bucaramanga, afectando principalmente a comerciantes y personas dedicadas a actividades financieras informales. Los barrios mencionados en la investigación incluyen Dangond, Luz de Salvación, Provenza, Brisas del Paraíso y Cristal.

De acuerdo con las diligencias preliminares, los sospechosos habrían participado en al menos siete casos de extorsión en los que se habrían utilizado amenazas con armas de fuego para exigir dinero a las víctimas. La Fiscalía explicó que los afectados eran intimidados con represalias contra sus negocios o sus familiares en caso de no cumplir con las exigencias económicas. En ciertos casos, las víctimas habrían sido retenidas hasta realizar los pagos solicitados.

Las capturas de Mendoza Silva y Peña Benítez fueron ejecutadas por la Policía Nacional, luego de emitirse las respectivas órdenes judiciales. Durante las audiencias de imputación, ambos detenidos negaron los cargos formulados en su contra, entre los que figuran concierto para delinquir con fines de extorsión, secuestro simple y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

Aunque los procesados no aceptaron responsabilidad, la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas que sustenten las imputaciones. Según el ente investigador, el caso hace parte de una estrategia para combatir estructuras criminales que estarían generando preocupación en varias zonas urbanas del país.

Por su parte, las autoridades locales han reforzado los operativos de seguridad en las áreas señaladas como puntos de operación de este grupo, con el fin de restablecer la tranquilidad entre la población y prevenir nuevas acciones delictivas.

El caso sigue en etapa de investigación, mientras se determinan responsabilidades y se evalúa el alcance de las actividades presuntamente realizadas por esta red en Bucaramanga.

Así las cosas, la Fiscalía reiteró su compromiso con el esclarecimiento de estos hechos y con la protección de las comunidades que han sido objeto de amenazas o violencia por parte de grupos delictivos organizados.

La extorsión en Bucaramanga ha mostrado una tendencia fluctuante en los últimos años. En 2021, la ciudad alcanzó una tasa de 13,0 casos de extorsión por cada cien mil habitantes, la más alta registrada en los últimos años. Sin embargo, para 2022, esta tasa disminuyó a 5,5 casos por cada cien mil habitantes, evidenciando una reducción significativa en el número de denuncias. A pesar de esta disminución, las autoridades enfatizan la importancia de continuar denunciando estos delitos para mantener la seguridad en la región.

En 2024, se registraron 70 denuncias formales por extorsión en Bucaramanga, lo que representa un promedio de aproximadamente seis casos mensuales. Estas cifras indican una ligera disminución en comparación con años anteriores, pero la extorsión sigue siendo una preocupación significativa para la comunidad, especialmente para los comerciantes locales.

Durante los primeros dos meses de 2025, las autoridades reportaron una reducción del 13% en los casos de extorsión en comparación con el mismo período del año anterior. Esta disminución se atribuye a estrategias de seguridad implementadas, como el Plan Candado, que busca combatir diversos delitos en la ciudad.

A pesar de estos avances, las autoridades locales continúan instando a la población a denunciar cualquier intento de extorsión para asegurar la efectividad de las medidas de seguridad y la protección de la comunidad.