La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que imputará cargos al exgobernador de Santander Hugo Aguilar a raíz de un contrato suscrito en 2007 por un valor de 650 millones de pesos, cuyo objetivo era financiar la entrega de regalos navideños a niños en la región.
Según explicaron desde el ente acusador a Semana, el exfuncionario deberá responder a la justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
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El caso, que involucra el proyecto denominado “Aguinaldo Feliz”, pone nuevamente bajo escrutinio la gestión del expolicía al frente de Santander. Según indicó la Fiscalía al mismo medio, el contrato habría favorecido de manera irregular a terceros, constituyendo un presunto delito de apropiación indebida de recursos públicos. Además, se señala que en la celebración del contrato no se habrían cumplido los procedimientos y requisitos legales exigidos por la normativa vigente.
La audiencia de imputación, en la que el ente acusador presentará formalmente las pruebas en contra de Aguilar, está pendiente de ser programada por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Una vez fijada la fecha, el exgobernador deberá comparecer acompañado de su abogado para conocer en detalle las acusaciones y los elementos probatorios que sustentan la investigación.
Según explicaron los organismos encargados, la Fiscalía cuenta con suficientes elementos que permiten inferir la posible autoría o participación de Aguilar en las irregularidades detectadas. De hecho, según explicó Semana, una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el exgobernador.
La citación a esta nueva diligencia judicial representa un capítulo más en la trayectoria legal de Hugo Aguilar, marcada por múltiples investigaciones desde que dejó el cargo de gobernador de Santander. Aunque recientemente fue absuelto en dos procesos por la Corte Suprema de Justicia, esta nueva imputación reaviva los cuestionamientos en torno a su desempeño como funcionario público.
El contrato investigado fue firmado durante la administración de Aguilar y estaba dirigido a financiar el programa navideño “Aguinaldo Feliz”, cuyo propósito era adquirir y distribuir obsequios a menores en situación vulnerable. Sin embargo, el ente acusador advirtió que existen evidencias de posibles irregularidades en su ejecución, las cuales habrían generado un detrimento patrimonial y beneficiado indebidamente a terceros.
Frente a ello, es importante mencionar que el expolicía finalizó su periodo en la gobernación sin afrontar ningún problema con la justicia colombiana. Sin embargo, cuando aspiraba nuevamente para el mismo cargo, en 2011,la Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de 20 años sin poder ejercer cargos públicos. Esto, luego de que las autoridades confirmaron que Aguilar había establecido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De hecho, en medio del mismo proceso, al santandereano le fue expedida una orden de captura que se aplicó a finales de 2011. En medio de dicho proceso, la Corte Suprema de Justicia impuso a Aguilar una condena de nueve años de prisión tras encontrarlo culpable del delito de concierto para delinquir agravado.
No obstante, el también exfuncionario salió libre en marzo de 2015, cuando fue cobijado con libertad condicional. Dicho recurso fue nuevamente revocado en diciembre de 2019 a raíz de una solicitud formal de la Procuraduría General de la Nación.
Además, en medio de su libertad, el santandereano fue retenido luego de que las autoridades encontraron que, presuntamente, Aguilar utilizó el nombre de dos personas para ocultar 1.800 millones de pesos.
Es importante mencionar que Aguilar es reconocido además debido a que, según ha explicado, él accionó el arma con el que fue dado de baja Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 en Medellín.
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