El representante a la Cámara por Bogotá David Racero afronta un nuevo capítulo judicial tras la admisión de una segunda demanda que busca la pérdida de su investidura por parte del Consejo de Estado.
El caso se origina en señalamientos sobre el uso de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para actividades ajenas a las funciones públicas, específicamente la atención de un negocio de frutas y verduras de su propiedad.
La demanda fue asignada al despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez, que también estudia un recurso anterior interpuesto por hechos similares. La intención es acumular ambos expedientes y dar trámite conjunto al proceso.
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El eje del caso gira en torno al presunto desvío de funciones de un miembro del equipo legislativo de Racero.
Según el escrito judicial, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y enero de 2021, uno de sus colaboradores en el Congreso habría sido destinado a labores relacionadas con la operación de un establecimiento comercial particular, ubicado en el sector de Villa Luz, en el occidente de Bogotá.
Esta conducta, de comprobarse, implicaría un uso indebido de recursos públicos, dado que los miembros de las UTL son contratados con fondos del Estado para apoyar la labor legislativa.
La acción judicial sostiene que, conforme a precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, cualquier aprovechamiento privado que derive de tareas asignadas a los funcionarios de la UTL podría configurar causal de pérdida de investidura, bajo el argumento de indebida destinación de recursos públicos.
Uno de los fundamentos de la demanda se basa en una investigación periodística que expuso intercambios de mensajes entre Racero y su asistente, los cuales sugerirían que este último estaba al tanto de tareas relacionadas con el manejo del negocio familiar del congresista. La documentación fue allegada como prueba dentro del proceso.
En cuanto al factor temporal, los demandantes argumentan que los hechos señalados no han prescrito, ya que la acción fue presentada dentro del término legal, el 13 de mayo de 2025.
Con la admisión de la demanda, se suspende el cómputo de los plazos procesales establecidos para este tipo de procesos.
Paralelamente a estas acciones ante el Consejo de Estado, Racero también es objeto de investigaciones por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Estas pesquisas están orientadas a esclarecer el posible uso indebido de personal vinculado a su UTL y a determinar si existieron irregularidades en el manejo del negocio mencionado.
Entre las pruebas en análisis figuran audios en los que el conductor del congresista –quien también integraba su equipo legislativo– hace referencia al funcionamiento del establecimiento comercial.
Además del señalamiento por uso indebido de un funcionario, el proceso judicial examina si existió contratación sin las debidas garantías laborales, otra posible irregularidad en el contexto de las normas que regulan la contratación pública y el empleo en el Congreso.
David Racero, militante del Pacto Histórico –coalición que lidera el actual Gobierno nacional–, ha rechazado públicamente las acusaciones, afirmando que se trata de información inexacta.
No obstante, será la justicia quien determine la validez de las pruebas y la existencia de responsabilidades políticas o legales.
Con la acumulación de las demandas y el avance de las investigaciones en dos frentes judiciales distintos, el futuro político del congresista queda en manos de los tribunales.
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