Cabal pidió la renuncia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras escándalo por multimillonario contrato: “¡Es inaceptable!”

La senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, expresó el domingo 25 de mayo de 2025 su fuerte rechazo ante el escándalo que involucra a Ecopetrol y a su presidente, Ricardo Roa Barragán, por la firma de un multimillonario contrato para medir las consecuencias de los casos que lo salpican como exgerente de la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, además de otros asuntos, y pidió públicamente su renuncia.

A través de sus redes sociales, Cabal calificó como “inaceptable” la decisión de la estatal petrolera de firmar un contrato por más de cinco millones de dólares con una firma extranjera para medir la imagen de Roa en Estados Unidos, mientras el país enfrenta múltiples denuncias relacionadas con el manejo y la transparencia de la empresa. Un asunto que, desde su parecer, no debería efectuarse; pues se solucionaría con la dimisión de este funcionario estatal.

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“Mientras el país enfrenta escándalos de corrupción a diario, se despilfarran miles de millones de pesos en encuestas para medir la imagen de Ricardo Roa ante los mercados internacionales. ¡Renuncie, señor Roa! Y prepárese para responder ante la justicia por las graves denuncias de violación de topes electorales”, afirmó la congresista, que hace parte de los partidos de oposición, con lo que hizo pública la indignación de algunos sectores políticos y sociales frente a esta crisis.

El caso al que hizo mención Cabal gira en torno a un multimillonario contrato firmado en 2024 entre Ecopetrol y la firma estadounidense de abogados Covington & Burling LLP, con oficinas en Washington y Nueva York. Según informó El Tiempo, el acuerdo inicialmente pactado por 875.000 dólares se disparó hasta 5,8 millones de dólares para realizar una investigación interna y asesoría legal destinada a revisar posibles irregularidades relacionadas con la gestión del presidente Roa.

La investigación publicada por el citado medio de comunicación indica que este delicado asunto comenzó en enero de 2024, cuando expertos de Covington & Burling se trasladaron a las oficinas de Ecopetrol en Bogotá. Durante varios días, llevaron a cabo al menos 35 entrevistas con altos directivos, recopilaron documentos, correos electrónicos y chats telefónicos para obtener información relevante sobre la administración de Roa y otros aspectos sensibles de la empresa.

Esta indagación, conocida internamente como Operación Casita, fue ordenada por la junta directiva de Ecopetrol ante las denuncias que afectaban la imagen y la gestión del presidente. Y es que, de acuerdo con El Tiempo, el contrato fue aprobado en una reunión de junta en julio de 2024, en la cual Roa no participó, y la supervisión del proceso fue delegada en Alberto Vergara, director corporativo de cumplimiento de la estatal.

El cuerpo directivo, conformado entonces por miembros reconocidos como Gonzalo Hernández, Álvaro Torres, Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe, Juan José Echavarría y otros, según reseñó el medio, ordenó la contratación de esta firma para cumplir con requerimientos de cumplimiento internacional. El propósito: asesorar a la Junta en la revisión de políticas y procesos, especialmente en relación con la vinculación del presidente y otros asuntos confidenciales.

Sin embargo, el fondo de la investigación, según el memorando reservado, incluiría una revisión de los negocios, relaciones y posibles conflictos de interés de Roa.

Uno de los temas principales es la compra de un apartamento de lujo en Bogotá por parte del presidente de Ecopetrol: adquirido poco antes de asumir el cargo y que estaría ligada a una firma establecida en un paraíso fiscal y perteneciente al petrolero Serafino Iacono, exdirector de Pacific Rubiales, quien según investigaciones iniciales, no habría sido conocido personalmente por el titular la estatal petrolera en ese instante.

Covington & Burling también indagó sobre una posible conexión entre este apartamento y negociaciones en torno al Bloque Sinú 9, un activo petrolero ubicado en Córdoba, que ha sido foco de interés por parte de Ecopetrol y otros actores del sector.

En este mismo bloque, hace algunos años y de acuerdo con lo informado por El Tiempo, se registró una visita aérea privada en la que participaron el exsenador Gustavo Bolívar y la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, quien ahora preside la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla). El padre de Vélez, Hildebrando Vélez, forma parte actualmente de la junta de Ecopetrol, aunque se desconoce el grado de conocimiento que tienen los nuevos integrantes sobre la investigación.

Además, otro capítulo importante de la indagación es el relacionado con las plantas Termomorichal I y II, que suministran energía al campo Rubiales en Meta. Estas plantas operan a través de una empresa vinculada al empresario paisa William Vélez Sierra, que fue jefe directo de Roa en una de sus compañías en Honduras y empleó a Julián Caicedo, pareja de Roa, en el proyecto Termomorichal.

Aunque Roa declaró impedimento para intervenir en la adjudicación de este contrato, la operación ha generado dudas debido a las conexiones personales y empresariales existentes. En paralelo, el papel de Roa como gerente de la campaña presidencial de Petro (2022-2026) está bajo investigación por presuntas violaciones a los topes electorales y posible financiación ilegal, en investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía.

En ese caso, y tras la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ,las investigaciones apuntan a un presunto financiamiento por encima de los 5.355 millones de pesos, así como a supuestas fuentes ilegales de financiación. En ese caso, Roa ha declarado que su defensa está en trámite y ha reconocido la existencia de rumores sobre su relevo en la presidencia de Ecopetrol; no obstante, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el particular.

La indagación incluye además el análisis de contratos en la filial Cenit, encargada del transporte de hidrocarburos, y un caso relacionado con la Hidroeléctrica Urrá, que fue denunciado ante la Fiscalía por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En esta última, se examina la posible influencia de Roa y su pareja, Caicedo, en nombramientos y contratos, aunque ambos han negado cualquier irregularidad.

Antes de elegir a Covington & Burling, Ecopetrol consideró a la firma Miller & Chevalier, que incluso estableció contacto con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para presentar algunos antecedentes relacionados con Roa, incluida la compra del apartamento, de acuerdo con lo publicado por El Tiempo.

Sin embargo, el cambio se justificó inicialmente por razones de “austeridad” y mejor competencia, dado que Miller & Chevalier cotizaba 1,75 millones de dólares, mientras que Covington & Burling pidió 875.000 dólares. Posteriormente, el valor del contrato con Covington & Burling se incrementó hasta 5,8 millones, cifra que no ha sido explicada públicamente.