Bogotá solicitó la reubicación de comunidad embera para realizar reparaciones en UPI La Rioja

Bogotá reiteró la necesidad de realizar intervenciones estructurales en el alojamiento temporal UPI La Rioja, donde actualmente reside la comunidad indígena embera. Según detalló el distrito, las reparaciones de fondo solo pueden llevarse a cabo si la comunidad es reubicada en otro espacio.

Además, la administración destacó que el llamado que se hizo a diversos escenarios públicos, instando directamente la Unidad para las Víctimas, tiene como fin que se defina una ruta clara para la reubicación dentro de Bogotá o el retorno de la comunidad a sus territorios de origen, en cumplimiento de los compromisos previamente establecidos.

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De acuerdo con el distrito, se han realizado jornadas continuas de evaluación, mantenimiento y reparación en la infraestructura de la UPI La Rioja, especialmente en la red hidrosanitaria. Sin embargo, informes técnicos señalaron que las condiciones del predio requieren intervenciones más profundas.

En ese contexto, la administración enfatizó su respeto por las decisiones judiciales relacionadas con la situación y ha mantenido su disposición para atender las necesidades estructurales del lugar. Asimismo, instó en que la Unidad para las Víctimas actúe conforme a su mandato institucional para garantizar la reubicación temporal de la comunidad.

Y es que según datos oficiales de la administración, desde 2022, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) destinó la sede de La Rioja como albergue temporal para la comunidad embera. En ese espacio, se garantizó servicios como mantenimiento de infraestructura, pago de servicios públicos y vigilancia, con una inversión que asciende a 892,5 millones de pesos, cubriendo los años 2023, 2024 y lo que va de 2025. En total, Bogotá destinó cerca de 22.000 millones de pesos en atención a esta población, reafirmando su compromiso con la protección y garantía de los derechos de las comunidades desplazadas por el conflicto armado.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas avanzó en los diálogos con la comunidad embera asentada en el Parque Nacional y en otros puntos de la ciudad, con el objetivo de definir una ruta definitiva para su retorno o reubicación.

Según indicó la entidad, se llevó a cabo espacios de articulación institucional junto con el Distrito capital, centrados en la relocalización de los hogares de la UPI La Rioja. En paralelo, se trabajó en la definición de una ruta de retorno que podría concretarse en los próximos tres meses.

Entre las acciones inmediatas, la Unidad para las Víctimas garantizó la entrega de alimentos y elementos de hábitat a las comunidades embera que permanecen en las UPI La Florida y La Rioja. Desde el 7 de enero de 2023, se han entregado más de 3.428 kits de alimentos a la población de La Rioja, con una inversión superior a 1.816 millones de pesos. En el caso de la UPI La Florida, entre noviembre de 2022 y abril de 2025, se han distribuido 3.363 kits de alimentos, representando un gasto de más de 1.695 millones de pesos.

Es importante señalar que el miércoles 28 de mayo, la unidad realizará una jornada de caracterización para recopilar datos sobre los núcleos familiares, edades y número de personas, con el fin de gestionar una oferta interinstitucional que facilite la búsqueda de un espacio temporal adecuado. Asimismo, se estableció mesas de trabajo interinstitucional con entidades del orden nacional y local para garantizar la sostenibilidad de los procesos de retorno, tanto los ya realizados como los que están en curso.

En una reciente sesión del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), liderada por el Ministerio del Interior, se acordó fortalecer la comunicación entre las entidades involucradas y centralizar la vocería de las comunidades embera para facilitar el diálogo. También se discutió la necesidad de coordinar con la Fiscalía General de la Nación y la justicia indígena para organizar los procesos de retorno y reubicación, teniendo en cuenta aspectos de seguridad en los territorios de origen, como el Alto Andágueda.

Desde 2021, la Unidad para las Víctimas invirtió 3.743 millones de pesos en la atención de la población embera. La entidad reiteró su compromiso con el restablecimiento de los derechos de estas comunidades y con la implementación de acciones sostenibles que permitan avanzar en los diálogos y en la solución integral de esta situación humanitaria.