Por lo menos cien integrantes de las disidencias de las Farc serán trasladados al municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander, como parte de la implementación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT).
Esta medida, avalada por el Gobierno colombiano dentro del marco de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, busca facilitar el tránsito de estos excombatientes hacia la vida civil.
El proceso comenzará en los próximos 45 días y otorgará siete meses para la entrega de armas por parte del Frente 33, liderado por alias “Calarcá”.
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La decisión fue oficializada mediante un decreto presidencial, en el que se detalla que la ZUT en el Catatumbo tiene como objetivo avanzar en la consolidación del proceso de paz y garantizar la desmovilización segura del grupo armado.
Según el Gobierno, esta iniciativa es clave para establecer “condiciones para la reconciliación”. Sin embargo, el anuncio ha generado una variedad de reacciones entre líderes y organizaciones locales, quienes han expresado preocupaciones relacionadas con la implementación y las consecuencias de esta decisión.
Felipe Corzo, representante a la Cámara por Norte de Santander, fue uno de los primeros en oponerse públicamente a esta medida, argumentando que la instalación de la ZUT en el Catatumbo podría agravar la ya compleja situación de violencia en la región.
“El presidente Petro quiere convertir el Catatumbo en una zona de distensión, en un nuevo ‘Caguán’, sin pensar en las personas que están allá sin ninguna seguridad, en una zona donde hay presencia del ELN que está en confrontación con las disidencias y donde el conflicto se puede incrementar”, afirmó el congresista en declaraciones recogidas por RCN Radio.
Su referencia al éxodo de población y aumento de las tensiones durante los diálogos del Caguán recuerda los riesgos de no tomar medidas que garanticen la seguridad de los civiles en zonas afectadas por el conflicto.
Por su parte, algunas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de información oficial respecto a los términos y condiciones establecidos en el decreto.
Lina María Mejía, coordinadora de la ONG Vivamos Humanos, señaló al medio que hay vacíos en torno a cómo se garantizarán aspectos críticos, como la supervisión internacional del espacio, la seguridad de quienes lleguen a la ZUT y la protección de los residentes en las áreas circundantes.
“No hay mucha información del decreto en torno a cómo se hará veeduría a este espacio, de cómo será la participación de los organismos internacionales que acompañarán el proceso, de la seguridad de las personas que llegarán a la ZUT y de los residentes de las áreas cercanas al sitio”, declaró Mejía.
La comunidad local también ha mostrado desconcierto frente a la decisión.
Enrique Pertúz, presidente de la red departamental de defensores de derechos humanos, criticó la falta de consulta y socialización en la región antes de la puesta en marcha de la medida.
Según Pertúz, la falta de diálogo con las comunidades afectadas ha generado incertidumbre y confusión sobre el impacto que una ZUT podría tener en la seguridad y estabilidad de la región.
En paralelo al establecimiento de esta zona, el Gobierno Nacional anunció que en los próximos días determinará las condiciones específicas para la disposición del material de guerra del Frente 33.
Este acuerdo incluirá responsabilidades específicas para la recolección y entrega segura de las armas. Así mismo, se pondrá en marcha un plan de acción enfocado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el área, con el fin de prevenir su reclutamiento en actividades armadas y garantizar el restablecimiento de sus derechos fundamentales.
La atención a estos grupos vulnerables es una de las prioridades que el Estado ha prometido abordar en sus planes de paz.
Las preocupaciones sobre la presencia de múltiples actores armados en el Catatumbo añaden una capa adicional de complejidad.
La zona ha sido históricamente un territorio disputado por grupos como el ELN y facciones disidentes de las Farc, lo que plantea interrogantes sobre si la llegada de más combatientes podría intensificar las tensiones.
Además, el departamento del Norte de Santander ha sido escenario de violencia sostenida, con comunidades en medio de enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los actores ilegales.
Finalmente, el decreto presidencial implica un compromiso por parte de las autoridades nacionales de garantizar la seguridad tanto de los desmovilizados como de las comunidades circundantes.
Aunque se insista en que deben tomarse precauciones adicionales para evitar que los errores del pasado obstaculicen el éxito de este esfuerzo.
La ZUT en el Catatumbo representa un paso ambicioso dentro de la visión de paz total del Gobierno, pero su viabilidad está atada a un delicado equilibrio entre la implementación efectiva y la mitigación de riesgos en un entorno histórico de conflicto armado.
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