Reforma laboral de Petro podría hacer que las empresas de seguridad y vigilancia despidan a 18.000 celadores

La posible aprobación del proyecto de reforma laboral en Colombia genera inquietudes en el sector de la vigilancia y seguridad privada. La Federación Colombian de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) señaló que los cambios propuestos podrían significar un aumento del 18% en la tarifa mínima regulada del servicio debido a la implementación de una jornada laboral de 42 horas semanales, un incremento en los recargos nocturnos y dominicales, y otros ajustes. Dicho conjunto de medidas podría comprometer tanto la viabilidad de las empresas como la estabilidad del empleo formal en el sector.

El presidente ejecutivo del gremio, Nicolás Botero, advirtió que las disposiciones que se debaten en el Senado de la República podrían tener consecuencias críticas. “Ante la inminente aprobación de la reforma laboral, el país no se puede equivocar y crear una ola de inseguridad y desempleo que puede ser absolutamente evitable”, afirmó el dirigente.

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Por eso, hizo un llamado a una reforma “equilibrada, con orden” que permita incrementar de manera gradual los ingresos de los trabajadores sin comprometer la capacidad de pago de los usuarios ni la sostenibilidad de las empresas.

Explicó que, que debido a la naturaleza operativa del sector, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, las modificaciones laborales tendrán un fuerte impacto en los costos de contratación. Así lascosas, propuso medidas específicas para contrarrestar el impacto. Entre ellas, solicitó que el inicio de la jornada nocturna se modifique de manera progresiv: de las 9:00 p.m. actuales a las 8:00 p.m. a partir del 1 de enero de 2026, y a las 7:00 p.m. en enero de 2027.

Además, sugirió que los aumentos del recargo dominical se escalonen en tres fases, con incrementos al 80% en 2026, al 90% en 2027, y al 100% en 2028.

También pidió ajustes de horas para garantizar que la tarifa mínima regulada cubra todos los costos laborales derivados de estas reformas, incluido el salario mínimo, recargos, prestaciones sociales, extras y costos operativos. “Proponemos que se modifique el Decreto 1561 de 2022 y las normas relacionadas para que desde la entrada en vigencia de la reforma laboral se actualice automáticamente la tarifa mínima regulada”, expresó Botero.

Esto garantizaría, según él, que tanto las empresas como los empleados puedan sostener los compromisos económicos y laborales.

Por otro lado, FedeSeguridad destacó la necesidad de flexibilizar las normas sobre el tiempo de trabajo. Propuso que los trabajadores del sector puedan trabajar hasta 60 horas a la semana, sin exceder el límite legal vigente. Esto se traduciría en 44 horas ordinarias y 16 horas extras en 2025, y 42 horas ordinarias con hasta 18 horas extras a partir de 2026.

Según expuso el dirigente gremial, tales disposiciones serían claves para evitar despidos masivos y una crisis laboral en un sector que ya enfrenta desafíos derivados de la cantidad alta de días festivos en el país.

Botero resaltó los riesgos de no atender las recomendaciones del gremio al advertir que, sin las modificaciones necesarias, “los cambios en la jornada y los recargos pueden hacer inviables muchos contratos, reducir la demanda de servicios legales de vigilancia y terminar en despidos masivos, afectando a millones de familias, además de la seguridad ciudadana”, por lo que “la reforma laboral podría costarle al sector de la vigilancia privada 18.000 empleos formales. Ese es el tamaño del riesgo”.

Señaló que esta problemática, además de afectar a las empresas y los empleados, también podría repercutir en la cobertura y calidad del servicio que se brinda a los usuarios, muchos de los cuales dependen de estas compañías para garantizar su seguridad y tranquilidad.

El gremio además remarcó la importancia de aplicar estos cambios de forma ordenada y previsible, lo que permita así que tanto las empresas como sus clientes se preparen de forma adecuada. “Creemos que establecer los cambios en enero de los próximos tres años permitiría organizar y planear la programación interna dentro de las compañías de vigilancia, así como preparar a los usuarios de los servicios para los cambios que se realizarán”, declaró Nicolás Botero.

Finalmente, FedeSeguridad enfatizó que cualquier modificación al marco regulatorio debe buscar un equilibrio entre los derechos laborales y las capacidades económicas del sector. Insistió en que, sin un enfoque progresivo y equilibrado, la reforma laboral podría tener efectos contraproducentes no para las empresas y sus trabajadores, así como también para los ciudadanos que dependen de dichos servicios.