Parroquia en Medellín es foco de polémica por tener 82 restos óseos sin identificar

La parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en la comuna 13 de Medellín, conserva en su osario 82 restos óseos no identificados. El hallazgo, que se remonta a una acumulación progresiva ocurrida entre finales del siglo XX y principios del XXI, ha llamado la atención de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), entidad que ha iniciado gestiones para esclarecer el origen de estas estructuras óseas.

El caso toma relevancia debido a la localización de esta parroquia en San Javier, una de las zonas más afectadas por el conflicto urbano armado en Medellín. Durante años, ese territorio fue epicentro de enfrentamientos entre milicias, paramilitares y bandas criminales. Lugares cercanos como La Escombrera y La Arenera han sido señalados como posibles sitios de disposición de cadáveres, motivo por el cual se les aplicaron medidas cautelares.

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La parroquia, fundada en 1957, presenta actualmente dificultades de mantenimiento por su antigüedad y tamaño. En uno de sus laterales se encuentra un osario compuesto por bóvedas pequeñas, originalmente destinadas a conservar restos óseos tras su paso por cementerios tradicionales. Sin embargo, la estructura terminó alojando restos sin identificación ni documentación completa.

Según los registros disponibles, la acumulación de estas osamentas se habría producido durante la administración del fallecido monseñor Jorge Enrique Suárez, que dirigió la parroquia hasta 2010.

Se presume que en algunos casos los restos fueron depositados por personas que los arrojaban a través de la reja o la pared exterior del osario, posiblemente por no contar con otro lugar para conservarlos. También se habrían presentado situaciones en las que los restos fueron recibidos sin documentación formal, lo que dificultó su trazabilidad.

A lo largo de los años, la falta de un sistema sistemático de registro, la rotación del personal administrativo y la ausencia de protocolos técnicos contribuyeron a la pérdida de información sobre la procedencia de los restos. Posteriormente, varios sacerdotes intentaron reorganizar el osario. Entre ellos, algunos dispusieron el cierre temporal de la estructura para fines estéticos y de salubridad, mientras otros promovieron llamados a la comunidad para identificar restos familiares, sin obtener una respuesta significativa.

En 2023 y 2024, el actual párroco, Asdrúbal Rincón, emprendió una labor de reorganización del material óseo con asesoría básica de entidades funerarias. La tarea fue desarrollada con recursos limitados y sin la intervención de personal forense. Los restos fueron clasificados en bolsas numeradas y almacenados en condiciones más ordenadas en una sala contigua, protegida con llave.

La Ubpd fue notificada recientemente sobre la existencia de estos restos. Tras la consulta de un medio de comunicación, inició un proceso de verificación con las autoridades eclesiásticas. Esta entidad estatal, creada para contribuir al esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, evalúa posibles acciones sobre este depósito.

Por ahora, la parroquia manifiesta estar dispuesta a facilitar el acceso a los restos en caso de que alguna institución o familiar solicite realizar pruebas de identificación, como análisis genéticos. En el tiempo reciente, solo un caso ha sido registrado de un doliente que logró ubicar a su familiar entre los restos almacenados.

“Ya tenemos todo listo en caso de que nos lo soliciten y ya acá se encargarían los que de pronto tengan el interés en hacer las pruebas respectivas de ADN para identificarlos”, señaló el religioso en delclaraciones a El Colombiano.

El caso plantea interrogantes sobre las prácticas de manejo de restos humanos en templos religiosos durante periodos de violencia, y sobre el papel que podrían jugar estos espacios en los esfuerzos de memoria y reparación. La Ubpd deberá determinar si los restos hallados están relacionados con personas desaparecidas en el conflicto urbano, particularmente en un sector históricamente golpeado por la criminalidad y la violencia estructural.