El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la Fiscalía General por supuestas irregularidades y vínculos con organizaciones criminales en la investigación relacionada con su hijo, Nicolás Petro.
En una publicación en X, el mandatario señaló que varias direcciones de la Fiscalía han estado comprometidas con el paramilitarismo y el narcotráfico.
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“He debatido cómo varias direcciones de la Fiscalía en Colombia han optado por entregarse a grandes organizaciones del crimen, como el paramilitarismo y el narcotráfico en general”, afirmó Petro.
Mencionó el caso de la Fiscalía bajo la dirección de Luis Camilo Osorio, cuya “relación con el paramilitarismo, confesa por sus comandantes, no tuvo ningún desarrollo judicial”.
Según el presidente, desde esa Fiscalía “salían los listados de sospechosos de auxiliar a las guerrillas para ser entregados al DAS y estos a los grupos paramilitares para su asesinato. Centenares de personas fueron así asesinadas”.
El presidente Petro también criticó la gestión de Néstor Humberto Martínez, exfiscal General de la Nación, señalando que fue designado “para encubrir el delito de estafa a la nación y sobornos a los más altos dirigentes políticos del país por parte de Odebrecht —los mismos que hoy hablan de sedición contra mi gobierno—”.
Según el mandatario, durante su dirección se organizó el llamado “cartel de la toga”, que cubría redes en varias cortes y buscaba, a partir de pagos económicos, “destruir las investigaciones de la parapolítica que, en la Corte Suprema, ya mostraban las pruebas de la presencia en esta alianza genocida de muy importantes actores de la política actual”.
Además, afirmó que esta estructura promovió causas penales contra rivales políticos y otorgó impunidad a quienes colaboraban con sus intereses.
“Un político no solo se adueñó de la Fiscalía General y la politizó al máximo, sino que penetró con mucha fuerza en las máximas instancias judiciales, desde donde ejerce sus decisiones políticas, en franca decadencia”, dijo Petro.
El presidente añadió que el daño causado por el “cartel de la toga” aún no ha sido reparado y denunció que Gustavo Moreno “no confiesa al país lo hecho, después de haber sido extraditado”.
En cuanto a la Fiscalía bajo la dirección de Francisco Barbosa, Petro aseguró que un grupo de fiscales “obedecían a una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo, con control en el Pacífico, del puerto de Buenaventura, y asesina del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena”.
El presidente afirmó que la investigación sobre el homicidio de Pecci fue interrumpida antes de identificar a los autores intelectuales y denunció una maniobra para presionar testigos y desviar la investigación.
Respecto al caso de Nicolás Petro, Gustavo Petro señaló que Barbosa y Mauricio Mancera, “no dudaron en poner como fiscal del caso de mi hijo al fiscal del caso Pecci”.
Según el mandatario, intentaron obtener una “confesión” mediante “tortura psicológica y otros procedimientos irregulares” para juzgarlo, lo cual no fue posible.
Añadió que se produjo un ensañamiento, con investigadores que actualmente son “subjudices”, y que recibieron apoyo mediático a partir de fuentes vinculadas a fiscales con presuntos nexos con el narcotráfico.
También denunció intentos de procesar a su esposa para afectar la credibilidad que él tiene ante la opinión pública. Petro comparó estas acciones con las usadas en el proceso contra el expresidente peruano Pedro Castillo y en las elecciones ecuatorianas, donde señaló que la Fiscalía colombiana habría actuado con fines políticos.
El presidente también mencionó una orden política para “empapelar a Daniel Quintero, porque fue opositor del estilo y las prácticas políticas de la extrema derecha político-económica del Poblado”.
Sobre su postura frente a las investigaciones, Petro afirmó: “Nunca he impedido ninguna investigación, pero el principio universal del juez independiente debe ser imperativo”.
En ese contexto, denunció que hubo intentos con “infundios falsos” para impedirle presentar una terna de fiscales, incluyendo el uso de agentes secretos para forzar las puertas del Palacio y la difusión de informaciones falsas sobre un supuesto sobrevuelo para extraer magistrados. Según él, “el miedo a una Fiscalía independiente y justa es inmenso”.
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