Escándalos de Ricardo Roa le salieron caros a Ecopetrol: la estatal pagará más de 5 millones de dólares para defenderlo

En enero de 2024, un equipo de expertos forenses de la firma estadounidense Covington & Burling LLP se trasladó a las oficinas de Ecopetrol en Bogotá para llevar a cabo una exhaustiva investigación interna. Durante varios días, hizo más de 35 entrevistas con altos directivos, con lo que se recopilaron conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos, documentos y correos electrónicos.

La finalidad de la intervención quedó marcada en un contrato aprobado por la Junta Directiva de la compañía, cuyo alcance incluye temas de gobernanza corporativa y posibles riesgos regulatorios en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El contrato inicial con Covington & Burling ascendía a USD875.000, pero luego se incrementó a USD5.875 millones, según una investigación de El Tiempo. El objetivo principal de la firma es asesorar a la Junta Directiva de Ecopetrol en asuntos relacionados con normativas internacionales, incluidas las leyes anticorrupción y prácticas contables fijadas bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

“El interés de la SEC se centra en las alegaciones contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, y su manejo financiero en diversos ámbitos”, se detalla en uno de los documentos citados por el medio.

Para entenderlo, el trasfondo de esta auditoría tiene relación con investigaciones abiertas sobre el presidente de la estatal, Ricardo Roa Barragán, que fue jefe de campaña del presidente Gustavo Petro. Roa fue señalado en diversas ocasiones por el involucramiento en transacciones y adquisiciones cuestionables, incluida la compra de un apartamento en Bogotá vinculada a una sociedad en un paraíso fiscal conectada con el empresario petrolero Serafino Iacono. La operación despertó inquietudes sobre un posible conflicto de intereses y la relación con las actividades comerciales de filiales de Ecopetrol.

La contratación de Covington & Burling se decidió en una reunión de la Junta Directiva de Ecopetrol, marcada por la ausencia de Roa. Según actas, además de investigar a Roa, el contrato buscaba evaluar riesgos reputacionales y regulatorios derivados de informes periodísticos y auditorías internas previas.

Una fuente anónima dentro de Ecopetrol aseguró que la firma estadounidense examinó “la percepción en Estados Unidos sobre el tema Roa” y cómo esto podría afectar a la compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

En un memorando reservado se detallan investigaciones relacionadas con las relaciones laborales y posibles adjudicaciones irregulares vinculadas al presidente de Ecopetrol y personas de su entorno. Un ejemplo específico es el proyecto Termomorichal , ligado al empresario paisa William Vélez Sierra, que se presume tenía nexos laborales con la pareja de Roa, Julián Caicedo Cano. Pese a que Vélez negoció haber financiado remodelaciones en el apartamento de Roa, documentos internos analizados por Covington & Burling señalan que Vélez controlaba empresas clave relacionadas con contratos de Ecopetrol.

Por otro lado, también se cuestionaron aspectos relativos a la campaña Petro Presidente 2022-2026, de la que Roa fue gerente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General de la Nación investigan una presunta violación de topes electorales y la financiación ilegal de la campaña, cuya cifra supera los $5.300 millones. Roa negó categóricamente las acusaciones y afirma que las pesquisas siguen siendo preliminares.

Otra línea de investigación aborda relaciones entre contratistas cercanos a Roa y proyectos como la hidroeléctrica Urrá, donde se presume hubo injerencia de su pareja en nombramientos estratégicos dentro de Ecopetrol. Algunos de estos temas se originaron en un informe previo de la firma Control Risks, que advirtió sobre vulnerabilidades reputacionales y de cumplimiento normativo en la estatal petrolera.

Desde la entidad se maneja el caso bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. En respuesta oficial a El Tiempo, la directiva de Ecopetrol señaló que la contratación de firmas como Covington & Burling responde a requisitos normativos internacionales y señaló que compartir información sin autorización podría derivar en sanciones legales. El comunicado también insistió en que esta práctica ha sido habitual desde 2008, con lo que se destaca que se hace para garantizar el cumplimiento normativo en los mercados internacionales.

Aunque el caso se mantiene bajo reserva, fuentes consultadas afirman que Covington & Burling ya habría concluido que es poco probable que la SEC abra una investigación formal contra Ecopetrol por incumplir la FCPA. Sin embargo, persiste la posibilidad de que se indague sobre presuntos conflictos de interés, adjudicaciones contractuales opacas y prácticas contables internas.

Para ello, se continuó con la recopilación documentación física y electrónica de altos funcionarios de la empresa, mientras al menos 20 de ellos han sido puestos a disposición para atender los requerimientos legales.

Las implicaciones de esta auditoría trascienden el ámbito interno de la compañía. El hecho de que varias de las investigaciones partieran de reportajes periodísticos y denuncias ministeriales, en lugar de controles internos de la empresa, generó preguntas sobre la gestión administrativa al interior de Ecopetrol.

“Contratar a auditores externos ha sido la medida más visible adoptada hasta el momento, pero se desconoce si habrá acciones correctivas concretas”, agrega el informe.

El aumento exponencial en el costo del contrato de Covington & Burling y el hermetismo que lo rodea han provocado inquietudes sobre su sostenibilidad financiera. Los nuevos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol tendrán la tarea de evaluar los resultados de estas investigaciones independientes y determinar su impacto en la reputación y el funcionamiento de una de las empresas más relevantes de América Latina en el sector energético.