El sector salud busca respaldo de la Procuraduría para superar crisis financiera del sistema: entregaron carta con 10 puntos

En medio de una profunda crisis que compromete la sostenibilidad del sistema de salud colombiano, distintos actores del sector han solicitado la intervención activa de la Procuraduría General de la Nación. La petición busca que este órgano de control asuma un rol de vigilancia y acompañamiento en el proceso de revisión técnica del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que representa el monto que recibe cada Entidad Promotora de Salud (EPS) por cada afiliado.

El llamado se produce tras una serie de dificultades surgidas en el cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional, que ordenó la instalación de mesas técnicas para determinar si el valor actual de la UPC responde a los costos reales de atención en salud. Según estimaciones del gremio de las EPS del régimen contributivo, por cada 100 pesos recibidos este año por concepto de la UPC, se han registrado gastos cercanos a los 110 pesos, lo que, en su concepto, evidencia un déficit estructural.

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Aunque el Ministerio de Salud lideró un primer intento de concertación, los resultados no cumplieron las expectativas de los distintos sectores implicados. En respuesta, la Corte exigió repetir el ejercicio bajo nuevas condiciones, ampliando la participación y ajustando la metodología. En ese contexto, una coalición integrada por Acemi, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Asocajas, organizaciones de usuarios y colectivos de pacientes elaboró una propuesta con diez puntos que fue entregada a la Procuraduría, actualmente bajo la dirección de Gregorio Eljach.

El documento plantea un rediseño del mecanismo de diálogo técnico, con énfasis en la imparcialidad y la inclusión. Una de las propuestas más relevantes es que el Ministerio de Salud no actúe simultáneamente como organizador y parte interesada del proceso. Para ello, se sugiere incorporar una figura mediadora independiente, que garantice un equilibrio en la exposición de argumentos, facilite el consenso y asegure la transparencia en cada fase de las discusiones.

También se destaca la importancia de establecer canales efectivos para que todos los actores puedan sustentar sus posturas con información técnica y evidencia verificable. La estructuración temática de las mesas, el registro minucioso de las sesiones y la validación conjunta de las actas hacen parte de las recomendaciones que buscan convertir este espacio en un proceso sistemático, riguroso y técnicamente solvente.

Otro de los aspectos clave del planteamiento es la necesidad de contar con una fuente consolidada de datos. Los proponentes advierten que el acceso a la información actualmente disponible es limitado, especialmente en relación con las EPS intervenidas, que concentran más de 29 millones de afiliados. En este sentido, se insta a la Superintendencia Nacional de Salud a facilitar la entrega de información clave, complementada con datos provenientes de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

La propuesta contempla la creación de una base de datos estandarizada que permita cruzar información entre EPS e IPS. Este ejercicio contribuiría a dimensionar con mayor exactitud el gasto real en salud y a clarificar el monto de la deuda acumulada entre aseguradores y prestadores, cifra que presenta importantes discrepancias según las distintas fuentes.

En cuanto a la composición de las nuevas mesas, los proponentes abogan por una representación más amplia, en concordancia con los lineamientos de la Corte Constitucional. En su visión, el diálogo debe incluir aseguradores, prestadores de servicios, representantes de la industria farmacéutica, usuarios, pacientes, sociedades científicas, el sector académico, el Gobierno y los entes de control. También se considera fundamental el papel de la Cuenta de Alto Costo, dado su conocimiento técnico sobre ajustes por riesgo en salud.

Más allá de revisar el valor de la UPC fijado para 2024, el documento plantea un análisis retroactivo que abarque desde 2021, con el propósito de dimensionar el rezago acumulado en la financiación. Además, se propone definir una metodología robusta y sostenible que permita calcular la UPC en los años venideros. Para este ejercicio, se sugiere convocar a expertos nacionales e internacionales en áreas como ciencia actuarial, economía de la salud y políticas públicas.

En el centro de la propuesta está la solicitud expresa de que la Procuraduría General asuma un papel protagónico en el proceso. Para los gremios del sector, la participación de esta entidad no debe limitarse a la vigilancia, sino que debe traducirse en un acompañamiento activo que garantice la objetividad, la transparencia y la legitimidad de las decisiones adoptadas.